LA NUEVA LEY HIPOTECARIA 2013

  • Aunque la Ley no regula la pretendida dación en pago, contempla distintas mejoras en la protección de los derechos e intereses del deudor hipotecario, comenzando por la suspensión inmediata y por un plazo de dos años de los desahucios de las familias que se encuentren en supuestos especiales de vulnerabilidad, así como por otras medidas inspiradas en el Real Decreto-ley 6/2012 de 9 de marzo, que es objeto de actualización.

La Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, aprobada en el Senado con los votos únicamente del PP, ha entrado en vigor el pasado 15 de mayo tras ser publicada en el Boletín Oficial del Estado.

Aunque la Ley no regula la pretendida dación en pago, contempla distintas mejoras en la protección de los derechos e intereses del deudor hipotecario, comenzando por la suspensión inmediata y por un plazo de dos años de los desahucios de las familias que se encuentren en supuestos especiales de vulnerabilidad, así como por otras medidas inspiradas en el Real Decreto-ley 6/2012 de 9 de marzo, que es objeto de actualización.

Los cambios afectan a distintas normas, como la Ley Hipotecaria y la Ley del Mercado Hipotecario, entre otras, pero las modificaciones de mayor calado se centran en la reforma del proceso de ejecución, en especial por la introducción en la Ley de Enjuiciamiento Civil del carácter abusivo de las cláusulas contractuales como nueva causa de oposición a la ejecución, recogiendo la doctrina comunitaria del TJUE.

Presentamos a continuación en un práctico cuadro las novedades más destacadas que la Ley introduce.

1. SUSPENSIÓN INMEDIATA DE LANZAMIENTOS

Esta medida, con carácter excepcional y por un plazo de dos años, es aplicable a cualquier proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria por el cual se adjudique al acreedor, o a persona que actúe por su cuenta, la vivienda habitual de personas que se encuentren en una situación de especial de vulnerabilidad y en las circunstancias económicas previstas en el art. 1 de la Ley 1/2013.

2. MEJORAS EN LA REGULACIÓN DEL MERCADO HIPOTECARIO

  •  Limitación a treinta años del plazo máximo de concesión de préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda habitual (art. 5 Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario).
  •  Limitación de los intereses de demora de hipotecas constituidas sobre vivienda habitual a tres veces el interés legal del dinero –actualmente el 4%- (art. 114 LH).
  •  Reforzamiento de la independencia de las sociedades de tasación respecto de las entidades de crédito:
    • o   a) Se obliga a las entidades de crédito a aceptar cualquier tasación homologada aportada por un cliente (art. 3 bis I) Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario).
    • o   b) Se limita la presencia de las entidades de crédito en el accionariado de las sociedades de tasación mediante la reducción del 25 % al 10 % del porcentaje que otorga el carácter de representación significativa según la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario (art. 3 ter Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario).
    • o   c) Se faculta al Consejo de Consumidores y Usuarios para requerir al Banco de España a que inicie procedimiento sancionadorcontra una tasadora (art. 3 bis.4.a) Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario).
    •  Reforzamiento de las garantías del deudor en el procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria, mediante la introducción de las siguientes novedades (art. 129 LH):
      • o   a) Establecimiento de un tipo mínimo para la venta extrajudicial de los bienes hipotecados (no podrá ser distinto del que, en su caso, se haya fijado para el procedimiento de ejecución judicial directa, ni podrá en ningún caso ser inferior al 75% del valor señalado en la tasación).
      • o   b) Facultad del notario de advertir a las partes de que alguna cláusula del contrato puede ser abusiva (lo pondrá en conocimiento de deudor, acreedor y, en su caso, avalista e hipotecante no deudor, a los efectos oportunos).
      • o   c) Suspensión de la venta extrajudicial por la impugnación judicial de dicha venta por existir cláusulas contractuales abusivas (en todo caso, el Notario suspenderá la venta extrajudicial cuando cualquiera de las partes acredite haber planteado ante el Juez que sea competente el carácter abusivo de dichas cláusulas contractuales).
      • o   d) Subasta on line, que tendrá lugar en el portal de subastas que a tal efecto dispondrá la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.
    •  Introducción de medidas de prudencia financiera mediante el refuerzo de las obligaciones de información respecto a cláusulas especialmente complejas en la comercialización de los préstamos hipotecarios, como las cláusulas suelo, cláusulas de hipotecas multidivisa, swaps de intereses, exigiendo su aceptación por expresión manuscrita (art. 6 Ley 1/2013).

3. MEJORAS EN EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA

  •  Imposibilidad de reclamar las cuotas del deudor, hasta que no se hubieran producido tres impagos -antes de la reforma era suficiente un único impago- (art. 693 LEC).
  •  Imposibilidad de que la tasación que se utilice en la subasta sea inferior al 75 % del valor en que se tasó el inmueble en el momento de la escritura (art. 682.2.1º LEC).
  •  Inspección del bien hipotecado con anterioridad a la subasta por parte de los interesados y la reducción de la deuda hipotecaria en caso de colaboración en la inspección y en la subasta (art. 691.2 LEC).
  •  Reducción del requisito temporal mínimo entre las liberaciones del bien de la subasta por parte del deudor (liberado un bien por primera vez, podrá liberarse en segunda o ulteriores ocasiones siempre que, al menos, medien tres años –anteriormente eran cinco- entre la fecha de la liberación y la del requerimiento de pago, judicial o extrajudicial, efectuada por el acreedor -art. 693.3 III LEC-).
  •  Limitación del importe de las costas exigibles al ejecutado en caso de pago (no podrán superar el 5% de la cantidad reclamada en la demanda ejecutiva -art. 693.3 IV LEC-).
  •  Facilitación del acceso de postores a los procesos de subasta, disminuyendo el aval necesario para pujar del 20 % al 5 % del valor de tasación del bien (art. 647.1 LEC).
  •  Ampliación del plazo de veinte a cuarenta días, para que el rematante de una subasta consigne el precio de la adjudicación (art. 670.1 LEC).
  •  Elevación del 60 % al 70 % del valor de tasación por el que el acreedor puede adjudicarse la vivienda habitual del deudor en caso de que la subasta quede desierta (art. 671 I LEC).
  •  Introducción de regla de imputación de pagos (en el caso de que la ejecución resultase insuficiente para saldar toda la cantidad por la que se hubiera despachado ejecución más los intereses y costas devengados durante la ejecución, dicha cantidad se imputará por el siguiente orden: intereses remuneratorios, principal, intereses moratorios y costas -art. 654.3 LEC-).
  •  Condonación parcial del pago de la deuda remanente y la participación del deudor en la eventual revalorización futura de la vivienda ejecutada, cuando tras la ejecución hipotecaria de la vivienda habitual se inicia la ejecución dineraria ordinaria, posibilitando que el juez correspondiente tenga potestad para (art. 579.2 LEC):
    • o   a) Condonar la deuda si el deudor paga el 65 % del total en el quinto año desde la adjudicación del bien incrementada exclusivamente en el interés legal del dinero hasta el momento del pago, o si paga el 80 % del total en el décimo año.
    • o   b)  Exigir que el 50 % de la plusvalía obtenida reduzca la deuda, en el caso de que la entidad se adjudicara el bien y en el plazo de diez años obtuviera una plusvalía por su venta.
    •  Control judicial de la existencia de cláusulas abusivas en el título ejecutivo, de oficio o a instancia de parte, bien decretando la improcedencia de la ejecución, si la cláusula contractual es la causa de la ejecución, bien su continuación sin aplicación de la cláusula abusiva, en otro caso (arts. 552.1 II, 695.1.4ª LEC).

4. PERFECCIONAMIENTO DEL CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS

(art. 8 Ley 1/2013)

  •  Modificación de los umbrales, para que se incorporen más personas a la fase de reestructuración de la deuda, elevando los límites de los préstamos hipotecarios a los que se podrá aplicar.
  •  Posibilidad de que el deudor proponga un plan de refinanciación a la entidad.
  •  Flexibilización de la posibilidad de carencia y definición de plan de refinanciación inviable.
  •  Moderaración del interés de demora aplicable en caso de impago del alquiler tras la dación en pago del 20 % al 10 %.
  •  Ampliación del número de miembros de la Comisión de seguimiento, para dar cabida a otras instituciones, de forma que sea más plural y representativa.

5. FONDO SOCIAL DE VIVIENDAS

Prevé la creación de un fondo social de viviendas de alquiler con rentas asumibles en función de los ingresos que perciban para personas que hubieren sido desalojadas de sus viviendas habituales con ocasión del impago de un préstamo hipotecario (DA 1ª Ley 1/2013).

 

CLAUSULAS ABUSIVAS MAS COMUNES

Cláusulas abusivas para alegar.- El concepto legal de cláusula abusiva es el siguiente:

Se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquéllas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato.” (art. 82.1 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios).

 

A partir de esta definición, y sin ánimo de exhaustividad, te sugerimos el siguiente listado con carácter de numerus apertus, pudiendo existir muchas otras:

 

1.- Comisiones por gestión de cobros de impagados o reclamación de posiciones deudoras (entre 20 y 30 euros cada vez que se produce). Todo ello vulnera la normativa de disciplina que regula las relaciones entre entidades de crédito y sus clientes según lo previsto en la norma Tercera, apdo.3º de la Circular del Banco de España 8/1990 y el Número Quinto de la Orden Ministerial de 19 de diciembre sobre Tipos de interés y comisiones, normas de actuación, información clientes y publicidad.  Cabe recordar que el Servicio de Reclamaciones del Banco de España reitera en su Memoria que las comisiones de este tipo no responden a servicio alguno prestado a los clientes, siendo abusiva su aplicación automática.

2.-Intereses de demora abusivos e incluso en ocasiones usurarios. El fin indemnizatorio del interés de demora comprende el resarcimiento por la falta de percepción del interés remuneratorio pactado. Por su cuantía la indemnización es desproporcionadamente alta en todos los casos en que resulte desequilibrada como penalización en comparación con el interés remuneratorio habitual. Es utilizable el Auto del Juzgado de Primera Instancia de Arrecife nº 4 en contrato de préstamo hipotecario siendo la entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) con interés de demora del 19%, y el Juzgado entendió que tal condición resultaba usuraria (Ley Azcárate de 1908) anulando no solo la ejecución, sino también la hipoteca.

 

3.- Cláusula suelo: “No obstante lo previsto en los apartados anteriores, se acuerda y pacta expresamente por ambas partes, que el tipo de interés nominal anual MINIMO aplicable en este contrato será del  XXX %”           

4.- Responsabilidad universal impuesta en sustitución de responsabilidad limitada que contempla la Ley Hipotecaria en su artículo 140. No se  informó al deudor de la posibilidad de este tipo de hipoteca.  Y en caso de que se le hubiera informado, la opción  que hubiera escogido la del ar. 140 LH, mencionado.

5.- Vencimiento anticipado por impago de una sola cuota u obligaciones de escasa trascendencia."...no obstante el plazo pactado, se producirá su vencimiento anticipado, con facultad correlativa de la entidad financiera de exigir, con ejecución hipotecaria, cuanto se le deba por principal y accesorios, si la parte prestataria no paga puntual y exactamente conforme a lo pactado los intereses y las cuotas globales de amortización e intereses,  o el impago parcial de una sola cuota"

En este sentido la S.T.S. de 16 de diciembre de 2.009: “sobre abusividad de vencimiento anticipado por impago de una sola cuota del préstamo hipotecario y efectos de la inscripción."

En Derecho español la obligación de pagar intereses nace del pacto de interés, pues sin pacto el préstamo es gratuito, siendo la gratuidad y no el producir interés lo que es un elemento natural del préstamo. Por tanto, la cláusula de interés no es una obligación esencial del préstamo. De modo que la cláusula ya sería nula al prever el vencimiento anticipado por incumplimiento de obligaciones accesorias. Plantea además otra cuestión, declarada nula por abusiva, en razón a prever el vencimiento anticipado por el solo incumplimiento de obligaciones accesorias, la estipulación será nula en su totalidad, sin que conforme a la STJUE 14 DE junio de 2012 el juez pueda integrarla en beneficio del acreedor y mantener su validez para le caso, por ejemplo, del incumplimiento por el deudor de la obligación principal de devolver las amortizaciones parciales de capital.

Esto a su vez, nos plantea un problema nuevo, el de si el ejecutado puede verse desalojado de su vivienda de gran valor por el incumplimiento de pequeñas obligaciones. De ese problema sale otro, a saber, si es posible garantizar con hipoteca pequeñas obligaciones en relación al valor de la garantía, habida cuenta que el incumplimiento de tales pequeñas cantidades pone en marcha, igual que el incumplimiento de las grandes, el llamado ius distraendi o derecho a vender la garantía para pagar la deuda, que en el caso que tal garantía sea la vivienda, termina en el desalojo de la misma del deudor.

La declaración de vencimiento anticipado por el acreedor por el impago de unas pocas cuotas es una conducta del acreedor que también puede ser declarada abusiva conforme al concepto español de cláusula abusiva del artículo 82.1 TRLGCU. La facultad del acreedor de declarar el vencimiento anticipado por el incumplimiento del deudor no por frecuente es menos excepcional ya que  para derogar la normativa ordinaria se requiere pacto, mientras que si no hay pacto lo normal es el vencimiento anticipado solo en los casos contemplados en el artículo 1129 CC, entre los que no se cuenta el incumplimiento de las obligaciones de pagar las amortizaciones por el deudor en los plazos pactados.

6.- Cesión de Crédito. Renuncia a la cesión de derechos por parte del prestatario, y no así por parte del prestamista.

7.- Orden de imputación de pagos. Se establece el siguiente orden en la imputación de pagos: Comisiones, intereses de demora, impuestos, gastos previstos del propio contrato, intereses ordinarios y amortizaciones vencidas, y que supone  vulneración del régimen previsto en los art° 1172, 1173 y 1174 CC (La cláusula afecta al contenido esencial del contrato pues, en definitiva, mediante ella se determina la forma en que se asignarán los pagos que constituyen la principal obligación del deudor, pero no consta que se haya negociado entre las partes). Su trascendencia podría dar lugar incluso a la nulidad del contrato, pues no cabe duda que estableciendo un régimen de imputación en que se priorice la amortización del principal pendiente de pago, el devengo de intereses ordinarios y el cuadro general de amortización seria muy distinto, dando lugar a una reclamación dineraria con un importe igualmente distinto frente al deudor. Ya en la Ley 1/2013 de 14 de Mayo, se establece otro bien distinto orden.

8. En cuanto a los límites y extensión de la hipoteca.

9.- La prohibición de arrendar, enajenar ni gravar bienes o elementos integrantes del inmueble hipotecado sin consentimiento de la entidad financiera

10.- Liquidación unilateral de la deuda por parte del prestamista, en caso de reclamación judicial de la misma, sin que el prestatario pueda oponerse a dichos cálculos.

11.- Asunción de costas. Hecho de establecer previamente que ante una reclamación judicial, las costas y gastos judiciales correrán a cargo del prestatario.

12.- Renuncia al fuero propio.

13.-. Renuncia al examen de la escritura con anterioridad a la firma del contrato: “La parte prestataria renuncia expresamente a su derecho a examinar el proyecto de la presente escritura de préstamo por lo que la misma se otorga en mi despacho”. 

14.- Cuantías exigidas en cuanto a las costas judiciales.

15.- Redondeo al alza: “Si la suma del tipo de interés de referencia y el margen o diferencial no fuera múltiplo exacto de un octavo de punto porcentual, el tipo de interés resultante se redondeará al múltiplo más cercano de dicho octavo de punto porcentual”

16.- Vencimiento anticipado por parte del prestamista por incumplimiento puntual de alguna de las condiciones por parte del prestatario y avalistas, como la disminución de solvencia de  prestatario, perdiendo así el pacto del plazo de amortización del préstamo. Razones de pérdida de solvencia: Concurso acreedores, etc…, y por incendio de finca, cuando en la estipulación le obliga al prestatario a suscribir un seguro precisamente de incendios..

17.- Cuota Final. Cuota final de hasta el 30% del capital prestado, generando una falsa creencia al consumidor de que su cuota mensual es más baja de lo que realmente es, ya que en realidad se está aplazando con cada cuota hipotecaria un 20 o 30% del principal prestado, según el caso, porcentaje que genera intereses hasta el final, y que se paga en una última cuota al final de la vida de la hipoteca, y posiblemente de la vida del hipotecado, que con una edad muy avanzada, y seguramente con una capacidad económica menor debe afrontar una "súper cuota" si no quiere incumplir con el contrato de préstamo suscrito, y arriesgarse a que el banco inste un procedimiento de ejecución hiptecaria como el presente, después de haber estado cumpliendo puntualmente durante 20, 30 o 40 años, según el caso, con el pago de su hipoteca.

Esta cláusula, al no haber sido debidamente informada al consumidor, debe considerarse abusiva, ya que si el prestatario hubiera sabido que la última cuota suponía un porcentaje tan alto del capital prestado, no hubiera suscrito este tipo de hipoteca.

18.-   Motivos de oposición por la determinación y manipulación del Euribor:  

Importantes irregularidades en la determinación del Euribor llevaron a la Comisión Europea a abrir un expediente para investigar las presuntas irresponsabilidades cometidas por las entidades bancarias en su confección, tal como en la correspondiente Memo 11/711 de 19 de octubre de 2.011,  en la que la Comisión Europea anunciaba el inicio de las investigaciones:

La Comisión Europea puede confirmar que, a partir del 18 de octubre de 2011 funcionarios de la Comisión llevaron a cabo inspecciones sin previo aviso en las instalaciones de empresas activas en el sector de productos financieros derivados vinculados a la Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) en algunos Estados miembros. La Comisión teme que las empresas en cuestión pueden haber violado las normas comunitarias de defensa de la competencia que prohíben los cárteles y las prácticas comerciales restrictivas (Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea – TFUE y el artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo)”.

Allí se evidenció qué constituye una manipulación del mercado prohibida, actuaciones tales como enviar órdenes sin la intención de operar, solo para perturbar un sistema de intercambios (quote stuffing). Se definió, a su vez, que deben considerarse abuso del mercado todas aquellas operaciones con instrumentos financieros realizadas por una persona que posee información privilegiada y que puede influir en los precios en relación con esos instrumentos.

En efecto, la manipulación del índice Euribor por parte de las entidades bancarias que componen la Federación Bancaria Europea, hoy,  es un hecho notorio que ha sido ampliamente divulgado en la prensa, reconocido por más de una entidad como es el caso  de Barklays cuando el pasado día 27 de junio  había reconocido la manipulación y aceptado el pago de una sanción millonaria al llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia Americano en el que abiertamente reconocía la manipulación del índice que pretende aplicar la adversa y, para cerrar la investigación, fue multado con mas de 450 millones de dólares (347 millones de Euros) por haber manipulado el Libor y su equivalente europeo el Euribor, o el de UBS (Unión de Bancos Suizos), cuya multa ha ascendido a 1.400 millones de francos (1.170 millones de Euros), lo que supone un reconomiento de que la manipulación del índice ha existido y ha sido real.

 

Por otro lado, el deseo de asegurar la plena efectividad de la cobertura hipotecaria estipulada ha desembocado en una excesiva complejidad, cuando no inteligibilidad, del mecanismo negocial instrumentado, en contra de la exigencia legal de claridad y precisión en la constitución de los derechos reales con el consiguiente detrimento de la equidad que ha de amparar al consumidor, siendo éste incapaz de discernir cabalmente la cantidad de riesgo asumido.

       

En primer lugar, decir que al establecer el tipo de interés variable como Euribor no se explicó con suficiente claridad y sencillez al hipotecado en qué consistía dicho índice variable, ni se detallaba de forma comprensible cómo se calculaba, ni se decía quién realizaba los cálculos ni quién supervisaría la realidad de las operaciones tomadas como base de dichos cálculos ni quién garantizaría la exactitud de las operaciones realizadas para su cálculo, habiendo mi mandante aceptado dicho índice en base a promesas y explicaciones verbales que finalmente han resultado no ser ciertas. La definición e información que se daba era que  el Euribor consistía, en:

La media aritmética simple de los valores diarios de los días de mercado de cada mes, del tipo de contado publicado por la Federación  Bancaria Europea para las operaciones de depósitos a un año calculado a partir del ofertado por una muestra de bancos para operaciones entre entidades  de similar calificación (EURIBOR). Como se define por el anexo VIII apartado 7 de la Circular 8/90 del Banco de España.

       

En segundo lugar, al haber tratado de comprender qué es el Euribor con un mínimo de seriedad, se ha podido comprobar que las entidades bancarias ofrecen tablas en las que se publica el Euribor resultante, pero ninguna entidad bancaria ni organismo nacional o supranacional ha sabido facilitar los datos concretos que se han utilizado para realizar las operaciones que permitan comprobar si el Euribor ha sido correctamente calculado o no, lo que supone una enrome falta de transparencia por parte de la entidad tanto respecto a mi mandante, que es parte en el contrato, como respecto al Banco de España, al Boletín Oficial del Estado y al mismo estado español, en cuanto que son los organismos a los que se facilita dicho dato sin permitirle comprobar la corrección de las operaciones de cálculo ni la existencia o no de las operaciones que sirven de base a dicho cálculo, lo que supone por un lado una falta de transparencia que impide conocer una parte esencial del contrato tanto al hipotecado como a quienes avalan con su nombre y reputación la validez del Euribor, es decir el estado español, el banco de España y el Boletín Oficial del Estado.

        

Por último, añadir que dicha opacidad en el cálculo del Euribor, así como el hecho de que dicho cálculo sea filtrado por la Federación Europea de Bancos (EBF),no siendo ésta un organismo de derecho público, sino una asociación sin ánimo de lucro, una persona jurídica privada, constituida al amparo de la Ley de Asociaciones del estado Belga,  hace que un elemento que debería ser transparente y aleatorio, sea opaco y pueda depender de la voluntad privada de una de las partes en asociación con entidades bancarias similares a ella, lo que resulta contrario los Art. 101 del Tratado de la Comunidad Europea, al 1256 Código Civil y a la norma sexta apartado 7 letra "a" de la Circular 8/1990, modificada por las circulares 5/1994 y 7/1999, respecto a la prohibición de que una de las partes pueda influir en el precio, o en el interés como precio del dinero, al 1258 del Código Civil respecto a exigencia de buena fe en los contratos, al 574.1 LEC sobre la necesidad de detallar las operaciones de cálculo que determinen la cantidad reclamada, así como , por lo que resultará de aplicación el Art. 695.1º.2 LEC respecto a la excepción de error en la determinación de cantidad reclamada siendo que el tipo aplicado como Euribor debe ser considerado de importe cero al no acreditarse la existencia de las operaciones de contado utilizadas para el cálculo del mismo y por consiguiente, la nulidad de dicha cláusula por resultar opaca, incomprensible e incomprobable, adjetivos éstos diametralmente opuestos al deber de transparencia que debería existir en estas cláusulas, con todos los efectos inherentes a la nulidad de las mismas y el correspondiente derecho a la devolución de las cantidades indebidamente cobradas.

Hay documentación  publicada en el sitio web "opeuribor.es" que acredita estos extremos, y que se cita a los efectos probatorios oportunos, reservándose esta parte el derecho a aportar dicha documentación en caso de que alguno de los hechos que motivan esta alegación sean cuestionados por la ejecutante.

 

5.- Comparecencia.- Una vez cursado el escrito promoviendo el incidente de oposición extraordinario por cláusulas abusivas, el Juzgado citará a las partes a comparecencia en la que se discutirá sobre lo alegado. Tras la comparecencia el Juzgado resolverá mediante Auto definiendo las consecuencias la existencia de cláusulas abusivas en la hipoteca. Contra este Auto sólo cabrá recurso en caso de que el Juzgado aprecie la existencia de tales cláusulas, por lo que “de facto”, la Ley 1/2013 impide el recurso en caso de que a la parte ejecutada no se le dé la razón. Entendemos que en este último caso cabe Incidente de Nulidad de Actuaciones por vulneración de la tutela judicial efectiva (art. 24 CE), y posterior Recurso de Amparo al Tribunal Constitucional.

 

6.- OTRAS CUESTIONES

SOBRE LA IMPOSIBILIDAD DE INTEGRAR CLÁUSULAS DECLARADAS ABUSIVAS

Debes tener en cuenta, para que conste en tu escrito y en la comparecencia que el Juez no tiene facultad alguna para integrar en el contrato cláusulas que se declaren nulas. Al contrario, dichas cláusulas no pueden subsistir debiendo ser eliminadas completamente del contrato sin producir efecto alguno. Así lo establece el artículo 6.1 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. La doctrina del TJUE es muy clara en este sentido. Señalamos entre otras, SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA (Sala Primera) de 14 de junio de 2012. Asunto C 618/10:

Fallo: “ 2) El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro, como el artículo 83 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, que atribuye al juez nacional, cuando éste declara la nulidad de una cláusula abusiva contenida en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, la facultad de integrar dicho contrato modificando el contenido de la cláusula abusiva.”

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