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Medios de Puerto Rico se unen contra el coronavirus | El Nuevo Día

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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La Justicia tras el Covid19: actos procesales telemáticos y turnos de mañana y tarde en los juzgados

La celebración de actos procesales de forma telemática y turnos de mañana o tarde para todo el personal de la Administración de Justicia son algunas de las medidas organizativas de los juzgados recogidas en el Real Decreto-Ley 16/2020  aprobado por el Consejo de Ministros. Además, el RDL incluye otras medidas como la dispensa en la utilización de togas o la atención telefónica y por correo electrónico al público en sedes judiciales.

Respecto a la celebración de actos procesales de forma telemática, se realizarán preferentemente de este modo siempre que se tengan los medios técnicos necesarios para ello. La excepción se produce en el orden jurisdiccional penal, en el que será necesaria la presencia física del acusado en los juicios por delito grave. Asimismo, las deliberaciones de los tribunales se desarrollarán de forma telemática cuando se cuente con los medios técnicos necesarios para ello. En los documentos remitidos por el Consejo General de la Abogacía, tanto al Consejo General del Poder Judicial como al Ministerio de Justicia, ya se solicitaba un uso más intensivo de medios tecnológicos para evitar el colapso total de juzgados y tribunales cuando termine el estado de alarma.

En cuanto a la jornada laboral, se establecerán, para los Letrados de la Administración de Justicia y para el resto de personal al servicio de la Administración de Justicia, jornadas de trabajo de mañana y tarde para todos los servicios y órganos jurisdiccionales. El Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia establecerán la distribución de la jornada y la fijación de los horarios. No obstante, no se ha previsto el refuerzo de la plantilla.

Este Real Decreto Ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, tiene como finalidad procurar una “salida ágil a la acumulación de los procedimientos suspendidos por la declaración del estado de alarma cuando se produzca el levantamiento de la suspensión”. Respecto al resto de medidas recogidas en el capítulo III del RDL, que regula las medidas de carácter organizativo y tecnológico destinas a afrontar de manera inmediata las consecuencias que ha tenido la crisis del COVID19 en la Administración de Justicia, estas son las principales (con una vigencia, salvo excepciones, mientras dure el estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización):

  • Dispensa de la utilización de togaslas partes que asistan a actuaciones orales estarán dispensadas del uso de togas en las audiencias públicas.
  • Acceso a las salas de vistas: con el fin de garantizar la protección de la salud de las personas, el órgano judicial ordenará, en atención a las características de las salas de vistas, el acceso del público a todas las actuaciones orales.
  • Atención al público: la atención al público en cualquier sede judicial o de la fiscalía se realizará por vía telefónica o a través del correo electrónico habilitado a tal efecto. En los casos en los que resulte imprescindible acudir a la sede judicial o de la fiscalía, será necesario obtener cita de previamente, de acuerdo con los protocolos que establezcan las administraciones competentes, que deberán prever las particularidades de las comparecencias ante los juzgados en funciones de guardia y los juzgados de violencia sobre la mujer.
  • Sustitución y refuerzo de Letrados de la Administración de Justicia en prácticashasta el 31 de diciembre de 2020 las enseñanzas prácticas de los cursos de formación inicial del cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, podrán realizarse desempeñando labores de sustitución y refuerzo.
  • Órganos judiciales asociados al COVID–19: el Ministerio de Justicia podrá transformar los órganos judiciales que estén pendientes de entrada en funcionamiento en el momento de la entrada en vigor del presente RDL en órganos judiciales que conozcan exclusivamente de procedimientos asociados al COVID-19.
  • Posibilidad de convertir órganos judiciales en todo o parte en órganos asociados temporalmente a los asuntos derivados de la crisis del Covid-19.
  • Permitir que los Jueces de Adscripción Territorial (jueces de carrera que actúan como refuerzo o cubren vacantes y ausencias en juzgados y tribunales) puedan ser asignados preferentemente a los asuntos derivados de la pandemia.

BOE - REAL DECRETO-LEY 16/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REAL DECRETO LEY 7/2020 DE 12 DE MARZO.- APLAZAMIENTOS DEUDAS TRIBUTARIAS HASTA EL 30 DE MAYO.

Artículo 14. Aplazamiento de deudas tributarias.

1. En el ámbito de las competencias de la Administración tributaria del Estado, a los efectos de los aplazamientos a los que se refiere el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se concederá el aplazamiento del ingreso de la deuda tributaria correspondiente a todas aquellas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde la fecha de entrada en vigor del presente real decreto-ley y hasta el día 30 de mayo de 2020, ambos inclusive, siempre que las solicitudes presentadas hasta esa fecha reúnan los requisitos a los que se refiere el artículo 82.2.a) de la Ley anterior.

2. Este aplazamiento será aplicable también a las deudas tributarias a las que hacen referencia las letras b), f) y g) del artículo 65.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

3. Será requisito necesario para la concesión del aplazamiento que el deudor sea persona o entidad con volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 euros en el año 2019.

4. Las condiciones del aplazamiento serán las siguientes:

a) El plazo será de seis meses.

b) No se devengarán intereses de demora durante los primeros tres meses del aplazamiento.

 

 

REAL DECRETO LEY 8/2020 DE 17 DE MARZO DE MEDIDAS  URGENTES SOCIALES Y ECONOMICAS

 

Destacamos las siguientes medidas: 

 

 PETICION  DE LA MORATORIA DE DEUDAS HIPOTECARIAS Y SUSPENSION SUMINISTRO DE AGUA Y ELECTRICIDAD

 

Artículo 4 Garantía de suministro de agua y energía a consumidores vulnerables

El Gobierno prohíbe el corte de suministro de agua, electricidad y ...

1. Durante el mes siguiente a la entrada en vigor de este real decreto-ley los suministradores de energía eléctrica, gas natural y agua no podrán suspender el suministro a aquellos consumidores en los que concurra la condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social definidas en los artículos 3 y 4 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos.

2. Se prorroga de forma automática hasta el 15 de septiembre de 2020 la vigencia del bono social para aquellos beneficiarios del mismo a los que les venza con anterioridad a dicha fecha el plazo previsto en el artículo 9.2 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre.

3. A partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley se suspende la vigencia de los siguientes artículos relativos a los sistemas de actualización de precios regulados:

  • a. Los artículos 3.5 y 6 de la Orden IET/389/2015, de 5 de marzo, por la que se actualiza el sistema de determinación automática de precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados y se modifica el sistema de determinación automática de las tarifas de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización, para los siguientes tres bimestres, salvo que la aplicación del sistema de determinación automática de precios máximos tuviera por efecto la fijación de nuevos precios inferiores a los vigentes a la entrada en vigor de este real decreto-ley.

    Salvo que concurra la circunstancia señalada en el inciso final del párrafo anterior, durante el periodo de suspensión estarán vigentes los precios máximos establecidos en la Resolución de 14 de enero de 2020, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se publican los nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados, en envases de carga igual o superior a 8 kg, e inferior a 20 kg, excluidos los envases de mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como carburante.

  • b. El artículo 10 así como el apartado segundo de la Disposición adicional única de la Orden ITC/1660/2009, de 22 de junio, por la que se establece la metodología de cálculo de la tarifa de último recurso de gas natural, para los siguientes dos trimestres, salvo que en cualquiera de ellos la aplicación de la metodología de cálculo tuviera por efecto la fijación de una tarifa de último recurso inferior a la vigente a la entrada en vigor de este real decreto-ley.

Salvo que concurra la circunstancia señalada en el inciso final del párrafo anterior, durante el periodo de suspensión estarán vigentes los términos de la tarifa establecidos en la Resolución de 23 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se hace pública la tarifa de último recurso de gas natural.

 

Artículo 6 Derecho de adaptación del horario y reducción de jornada

Coronavirus y la suspensión de contratos por causa mayor | Blog

1. Las personas trabajadoras por cuenta ajena que acrediten deberes de cuidado respecto del cónyuge o pareja de hecho, así como respecto de los familiares por consanguinidad hasta el segundo grado de la persona trabajadora, tendrán derecho a acceder a la adaptación de su jornada y/o a la reducción de la misma en los términos previstos en el presente artículo, cuando concurran circunstancias excepcionales relacionadas con las actuaciones necesarias para evitar la transmisión comunitaria del COVID-19.

Se entenderá que concurren dichas circunstancias excepcionales cuando sea necesaria la presencia de la persona trabajadora para la atención de alguna de las personas indicadas en el apartado anterior que, por razones de edad, enfermedad o discapacidad, necesite de cuidado personal y directo como consecuencia directa del COVID-19. Asi mismo, se considerará que concurren circunstancias excepcionales cuando existan decisiones adoptadas por las Autoridades gubernativas relacionadas con el COVID-19 que impliquen cierre de centros educativos o de cualquier otra naturaleza que dispensaran cuidado o atención a la persona necesitada de los mismos. También se considerará que concurren circunstancias excepcionales que requieren la presencia de la persona trabajadora, cuando la persona que hasta el momento se hubiera encargado del cuidado o asistencia directos de cónyuge o familiar hasta segundo grado de la persona trabajadora no pudiera seguir haciéndolo por causas justificadas relacionadas con el COVID-19.

El derecho previsto en este artículo es un derecho individual de cada uno de los progenitores o cuidadores, que debe tener como presupuesto el reparto corresponsable de las obligaciones de cuidado y la evitación de la perpetuación de roles, debiendo ser justificado, razonable y proporcionado en relación con la situación de la empresa, particularmente en caso de que sean varias las personas trabajadoras que acceden al mismo en la misma empresa.

Los conflictos que pudieran generarse por la aplicación del presente artículo serán resueltos por la jurisdicción social a través del procedimiento establecido en el artículo 139 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social. El ejercicio de los derechos previstos en el presente artículo se considera ejercicio de derechos de conciliación a todos los efectos.

2. El derecho a la adaptación de la jornada por deberes de cuidado por circunstancias excepcionales relacionadas con el COVID-19 es una prerrogativa cuya concreción inicial corresponde a la persona trabajadora, tanto en su alcance como en su contenido, siempre y cuando esté justificada, sea razonable y proporcionada, teniendo en cuenta las necesidades concretas de cuidado que debe dispensar la persona trabajadora, debidamente acreditadas, y las necesidades de organización de la empresa. Empresa y persona trabajadora deberán hacer lo posible por llegar a un acuerdo.

El derecho a la adaptación de la jornada podrá referirse a la distribución del tiempo de trabajo o a cualquier otro aspecto de las condiciones de trabajo, cuya alteración o ajuste permita que la persona trabajadora pueda dispensar la atención y cuidado objeto del presente artículo. Puede consistir en cambio de turno, alteración de horario, horario flexible, jornada partida o continuada, cambio de centro de trabajo, cambio de funciones, cambio en la forma de prestación del trabajo, incluyendo la prestación de trabajo a distancia, o en cualquier otro cambio de condiciones que estuviera disponible en la empresa o que pudiera implantarse de modo razonable y proporcionado, teniendo en cuenta el carácter temporal y excepcional de las medidas contempladas en la presente norma,, que se limita al período excepcional de duración del COVID-19.

Reducción o adaptación de jornada especial por circunstancias ...

 

3. Las personas trabajadoras tendrán derecho a una reducción especial de la jornada de trabajo en las situaciones previstas en el artículo 37.6, del Estatuto de los Trabajadores, cuando concurran las circunstancias excepcionales previstas en el apartado primero de este artículo, con la reducción proporcional de su salario. Salvo por las peculiaridades que se exponen a continuación, esta reducción especial se regirá por lo establecido en los artículos 37.6 y 37.7 del Estatuto de los Trabajadores así como por el resto de normas que atribuyen garantías, beneficios, o especificaciones de cualquier naturaleza a las personas que acceden a los derechos establecidos en estos preceptos.

La reducción de jornada especial deberá ser comunicada a la empresa con 24 horas de antelación, y podrá alcanzar el cien por cien de la jornada si resultara necesario, sin que ello implique cambio de naturaleza a efectos de aplicación de los derechos y garantías establecidos en el ordenamiento para la situación prevista en el artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores.

En caso de reducciones de jornada que lleguen al 100 % el derecho de la persona trabajadora deberá estar justificado y ser razonable y proporcionado en atención a la situación de la empresa.

En el supuesto establecido en el artículo 37.6 segundo párrafo no será necesario que el familiar que requiere atención y cuidado no desempeñe actividad retribuida.

4. En el caso de que la persona trabajadora se encontrara disfrutando ya de una adaptación de su jornada por conciliación, o de reducción de jornada por cuidado de hijos o familiares, o de alguno de los derechos de conciliación previstos en el ordenamiento laboral, incluidos los establecidos en el propio artículo 37, podrá renunciar temporalmente a él o tendrá derecho a que se modifiquen los términos de su disfrute siempre que concurran las circunstancias excepcionales previstas en el apartado primero de este artículo, debiendo la solicitud limitarse al periodo excepcional de duración de la crisis sanitaria y acomodarse a las necesidades concretas de cuidado que debe dispensar la persona trabajadora, debidamente acreditadas, así como a las necesidades de organización de la empresa, presumiéndose que la solicitud está justificada, es razonable y proporcionada salvo prueba en contrario.

 

Artículo 8 Ámbito de aplicación de la moratoria de deuda hipotecaria

 

Moratoria de deuda hipotecaria - Banco Santander.Las medidas previstas en este real decreto-ley para la suspensión de las obligaciones derivadas de los contratos de préstamo con garantía hipotecaria vigentes a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley cuya finalidad fuera la adquisición de vivienda habitual o de inmuebles afectos a la actividad económica que desarrollen empresarios y profesionales se aplicarán a dichos contratos cuando concurran en el deudor todos los requisitos establecidos en el artículo 16 del real decreto ley 11/2020, de 31 de marzo, para entender que está dentro de los supuestos de vulnerabilidad económica.

2. Estas mismas medidas se aplicarán igualmente a los fiadores y avalistas del deudor principal, respecto de su vivienda habitual y con las mismas condiciones que las establecidas para el deudor hipotecario.

 

Artículo 8 redactado por el apartado tres de la disposición final primera del R.D.-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 («B.O.E.» 1 abril).Vigencia: 2 abril 2020

 

Artículo 9 Definición de la situación de vulnerabilidad económicaTrećina američkih ekonomista očekuje recesiju do 2021. - Business ...

1Los supuestos de vulnerabilidad económica a consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 quedan definidos con el siguiente tenor:

  • a) Que el deudor hipotecario pase a estar en situación de desempleo o, en caso de ser empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída sustancial de sus ventas.
  • b) Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria:
    • i. Con carácter general, el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (en adelante IPREM).
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    • ii. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la unidad familiar. El incremento aplicable por hijo a cargo será de 0,15 veces el IPREM por cada hijo en el caso de unidad familiar monoparental.
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    • iii. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar.
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    • iv. En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, el límite previsto en el subapartado i) será de cuatro veces el IPREM, sin perjuicio de los incrementos acumulados por hijo a cargo.
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    • v. En el caso de que el deudor hipotecario sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, o persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 65 por ciento, así como en los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral, el límite previsto en el subapartado i) será de cinco veces el IPREM.
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    • Discapacidad: Beneficios y retribuciones - Cuidum
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  • c) Que la cuota hipotecaria, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.
  • d) Que, a consecuencia de la emergencia sanitaria, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda, en los términos que se definen en el punto siguiente.

2. A los efectos de lo previsto en este artículo se entenderá:

  • a) Que se ha producido una alteración significativa de las circunstancias económicas cuando el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,3.
  • b) Que se ha producido una caída sustancial de las ventas cuando esta caída sea al menos del 40 %.
  • c) Por unidad familiar la compuesta por el deudor, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar y su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita, que residan en la vivienda.

Artículo 10 Fiadores, avalistas e hipotecantes no deudores

Los fiadores, avalistas e hipotecantes no deudores que se encuentren en los supuestos de vulnerabilidad económica podrán exigir que la entidad agote el patrimonio del deudor principal, sin perjuicio de la aplicación a éste, en su caso, de las medidas previstas en el Código de Buenas Prácticas, antes de reclamarles la deuda garantizada, aun cuando en el contrato hubieran renunciado expresamente al beneficio de excusión.

El fiador solidario en Préstamos Hipotecarios | Navas & Cusi Abogados

Codeudor o fiador? Diferencia entre fiador y codeudor | Gerencie.com.

 

 

 

 

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo de medidas urgentes social y económicas

 

 

Medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto ...

 

 

DESTACAMOS LOS SIGUIENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- SE SUSPENDEN LOS DESAHUCIOS, LANZAMIENTOS Y LOS CONTRATOS DE ALQUILER QUE VENCIAN EN ESTAS FECHAS DEL ESTADO DE ALARMA QUEDAN PRORROGADOS POR EL PERIODO DE 6 MESES.

 

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
 

 Se pueden leer las siguientes medidas: 

 

1)Suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional (artículo 1), aplicable una vez levantada la suspensión de todos los términos y plazos procesales.

 

Prórroga de contratos de arrendamiento de vivienda habitual (artículo 2) y moratorias de deuda arrendaticia (artículos 2 a 9).

 

Moratoria hipotecaria y de créditos de financiación no hipotecaria en supuestos de vulnerabilidad económica, aplicable también a profesionales en determinadas condiciones (artículo 16 y siguientes).

 

Bono social (artículo 28); subsidio empleadas del hogar (artículo 30);Qué es el Bono Social de electricidad, quiénes pueden solicitarlo ...

Subsidio excepcional por fin de contrato temporal (artículo 33).

Medidas de apoyo a los autónomos: Moratoria de cotizaciones sociales (artículo 34) y aplazamientos de deudas con la Seguridad Social (artículo 35).

Medidas de protección de consumidores: Resolución de determinados contratos (artículo 36); restricciones a la publicidad del juego (artículo 37).

 

Medidas para sostener la actividad económica (artículos 38 y siguientes), tanto de apoyo a la exportación, como de flexibilización de contratos de suministros de electricidad (artículo 42); gas natural (artículo 43) para autónomos que acrediten alta en el RETA o asimilable; suspensión de facturas de electricidad, gas natural y productos derivados del petróleo (artículo 44) para PYMES y autónomos (RETA o asimilable); Aplazamientos extraordinario del calendario de reembolso en préstamos concedidos por CCAA y entidades locales a empresarios y autónomos (artículo 50); Suspensión de plazos en el ámbito tributario de las CCAA y entidades locales (artículo 53)Suspensión e interrupción de plazos no será aplicable al ámbito ...

 

Ampliación del plazo para interponer recursos en vía administrativa -también en el ámbito tributario- (Disposición adicional 8ª) que se computará desde el día hábil siguiente a la fecha de finalización de la declaración de estado de alarma, sin perjuicio de la eficacia y ejecutividad del acto; suspensión plazos de ejecución de resoluciones de órganos económico/administrativos y de plazos de prescripción y caducidad de acciones y derechos contemplados en la normativa tributaria (Disposición adicional 9ª); Habilitación a los autorizados del sistema RED (Disposición adicional 16ª).

 

Agilización procesal (Disposición adicional 19ª). En esta Disposición adicional se anuncia la aprobación de un plan de actuación para agilizar la actividad judicial en los órdenes jurisdiccionales social y contencioso administrativo, así como en el ámbito de los juzgados de lo mercantil para ayudar a la recuperación económica una vez superado el estado de alarma.

 

Disponibilidad de planes de pensiones en caso de desempleo o cese de actividad (Disposición adicional 20ª).

 

Al mismo tiempo, entre las disposiciones transitorias se contienen algunas de interés para nuestro ejercicio profesional: Previsiones en materia de concursos de acreedores (Disposición Transitoria 4ª); y entre las Disposiciones finales (en concreto en la 1º. Punto 13) algunas medidas extraordinarias aplicables a personas jurídicas de Derecho Privado (sesiones telemáticas de órganos de gobierno; suspensión de la obligación de formular cuentas anuales….) y diferentes modificaciones normativas (Ley Reguladora de bases del régimen local; contratos del sector público, sector eléctrico,…)

 

 

REAL DECRETO LEY 12/2020 DE MEDIDAS DE PROTECCION  URGENTES A LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GENERO

CAPÍTULO I
Medidas para garantizar el funcionamiento de los servicios de asistencia y protección integral a las víctimas de violencia de género

Artículo 1 Declaración de servicio esencial

A los efectos de lo previsto en el presente Real Decreto-ley, los servicios a los que se refieren los artículos 2 a 5 del mismo tendrán la consideración de servicios esenciales con los efectos previstos en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, sus normas de desarrollo; el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19, y el resto del ordenamiento jurídico.

Artículo 2 Normal funcionamiento de los servicios de información y asesoramiento jurídico 24 horas, telefónica y en línea, así como de los servicios de teleasistencia y asistencia social integral a las víctimas de violencia de género

1. Las Administraciones Públicas competentes adoptarán las medidas necesarias para garantizar la prestación de los servicios de información y asesoramiento jurídico 24 horas, telefónica y en línea, dirigidos a las víctimas de violencia de género, con las mismas características que los que se venían prestando con anterioridad a la declaración del estado de alarma y, en su caso, adaptando su prestación a las necesidades excepcionales derivadas de este.

2. Las Administraciones Públicas competentes asegurarán el normal funcionamiento del servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género (ATENPRO), adaptando, en su caso, su prestación a las necesidades excepcionales derivadas del estado de alarma.

3. Las Administraciones Públicas competentes garantizarán la prestación de los servicios de asistencia social integral, consistentes en orientación jurídica, psicológica y social destinadas a las víctimas de violencia género, que viniesen funcionando con anterioridad a la declaración del estado de alarma, adaptando, en su caso, su prestación a las necesidades excepcionales derivadas del estado de alarma.

La adaptación a la que se refiere el párrafo anterior, deberá tener en cuenta la situación de permanencia domiciliaria y prever alternativas a la atención telefónica, a través de medios como la mensajería instantánea para la asistencia psicológica o la alerta con geolocalización para la comunicación de emergencia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Artículo 3 Servicios de acogida a víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra las mujeres

1. Las Administraciones Públicas competentes garantizarán el normal funcionamiento de los centros de emergencia, acogida, pisos tutelados, y alojamientos seguros para víctimas de violencia de género, explotación sexual y trata con fines de explotación sexual.

2. Cuando la respuesta de emergencia conlleve el abandono del domicilio para garantizar la protección de la víctima y de sus hijos e hijas, se procederá al ingreso en los centros a los que se refiere el apartado anterior, que serán equipados con equipos de protección individual.

3. Cuando sea necesario para garantizar la acogida de víctimas y de sus hijos e hijas en riesgo, las Administraciones Públicas competentes podrán disponer el uso de los establecimientos de alojamiento turístico, a los que se refiere la Orden TMA/277/2020, de 23 de marzo, por la que se declaran servicios esenciales a determinados alojamientos turísticos y se adoptan disposiciones complementarias.

4. A los centros a los que se refiere el presente artículo les será de aplicación, en aquello que proceda en atención a su naturaleza, lo dispuesto en los apartados segundo, tercero y cuarto, de la Orden SND/275/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen medidas complementarias de carácter organizativo, así como de suministro de información en el ámbito de los centros de servicios sociales de carácter residencial en relación con la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Artículo 4 Sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género

1. Las Administraciones Públicas competentes adoptarán las medidas necesarias para garantizar el normal funcionamiento y prestación del servicio integral, incluido el servicio de puesta a disposición, instalación y mantenimiento de equipos de dispositivos telemáticos, del sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género.

2. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior, las Administraciones Públicas competentes podrán dictar las instrucciones necesarias a las empresas prestadoras de los servicios.

Artículo 5 Medidas relativas al personal que presta servicios de asistencia social integral a víctimas de violencia de género, y otras formas de violencia contra las mujeres que, por su naturaleza, se deban prestar de forma presencial

1. Las personas trabajadoras que por razón de su actividad profesional tengan contacto directo con las víctimas y, en todo caso, quienes prestan sus servicios en centros de teleasistencia, emergencia o acogida, deben seguir las medidas de protección recomendadas por el Ministerio de Sanidad, según el nivel de riesgo al que están expuestos.

2. A efectos de lo anterior, y siempre que las disponibilidades así lo permitan, las Administraciones Públicas competentes, así como las empresas proveedoras de servicios, deberán dotar a las personas trabajadoras de los centros de los equipos de protección individual.

 

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ULTIMA NOTICIAS  REAL DECRETO 9/2020 SE PROHIBEN LOS DESPIDOS DURANTE EL ESTADO DE ALERTA POR EL COVID 19

 

EXTRACTAMOS EL ARTICULO  2 .- MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA LA PROTECCION DEL EMPLEO

 

 

La fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido.
 
Te dejo el LINK del Decreto publicado ayer:
 
 
 
REPERCUSIONES CONCRETAS DE LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA

 
 
▷ Derecho Laboral ¿Qué es y qué significa? ¡Aprender Ahora!
 
¿Qué ocurre cuando las empresas tienen que cerrar o cesar en su actividad?

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (TOL 7.818.721) dispone en el Anexo de la Relación de equipamientos y actividades cuya apertura al público queda suspendida con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10.3, lo que conlleva que la mayoría de sus trabajadores deje de prestar servicios en esas empresas. De forma excepcional, pueden continuar prestando servicios en esas empresas algunos trabajadores como son el personal de seguridad y mantenimiento. Las Comunidades Autónomas que hubieren ampliado el cierre a otros centros respecto a los contemplados en el Real Decreto, el procedimiento se hará también conforme al establecido con carácter estatal, que es el siguiente:
Antes de firmar un contrato de trabajo: las 10 cosas que necesitas ...
El contrato de trabajo, ¿fijo o qué? - Martín Molina
SUSPENSION DEL CONTRATO DE TRABAJO-Para las empresas que resulten obligadas al cierre:

Se procederá a través de una suspensión del contrato de trabajo conforme a la regulación prevista en el Estatuto de los Trabajadores (art. 47 ET) y el RD 1483/2012, de 29 de octubre (en su Reglamento de desarrollo).
Efectos: se deja de trabajar y de percibir el salario, con derecho a la prestación por desempleo si se tiene cubierto el período mínimo de prestación por desempleo.
Dicha suspensión requiere que la fuerza mayor sea verificada por la autoridad laboral (art. 51.7 ET), de modo que hasta tanto no se dicte el correspondiente acto administrativo el empleador mantiene la obligación de retribuir al trabajador (art. 30 ET). Se trata de situaciones de emergencia conforme a la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, que se califican como de fuerza mayor a efectos de justificar la suspensión de la relación laboral o reducción de jornada conforme a esta causa de fuerza mayor (art. 24.2 Ley 17/2015, de 9 de julio). Se trata también de situaciones de fuerza mayor a efectos de que los trabajadores autónomos puedan percibir la prestación económica por cese de actividad derivada del cierre temporal de sus negocios (art. 331 Ley General de la Seguridad Social). Sería conveniente que una de las medidas extraordinarias que se adoptasen fuese eximir de ese control administrativo a la relación de actividades previstas en el Real Decreto. Asimismo, que se agilizasen los procedimientos de percepción de la prestación por desempleo y, en su caso, no computar el período de disfrute de la prestación como consumido a efectos de una posible posterior extinción del contrato de trabajo. En todo caso, como quiera que el cierre de actividades es temporal, no concurre causa justificada para extinguir el contrato de trabajo.
 
 
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2º. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO O BIEN DE REDUCCIÓN DE JORNADA

-Para las Empresas obligadas a reducir sus actividades

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (TOL 7.818.721) en su artículo 14 implica una reducción importante de los servicios de transportes de viajeros, lo que dará lugar necesariamente durante este período a reducir un número importante de personal en este sector. Constituye un supuesto de fuerza mayor que, a criterio organizativo de la empresa, se puede materializar en suspensión del contrato de trabajo o bien de reducción de jornada del correspondiente porcentaje de la plantilla de la empresa, incluida la doble medida acumulada, en ambos casos por motivos de fuerza mayor.
Efectos: Le es aplicable el mismo régimen mencionado en el apartado anterior

3º. DESPIDO POR CAUSAS OBJETIVAS O SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO

-Empresas que se vean obligadas a cerrar o reducir sus actividades por falta de clientela o por falta de suministros necesarios para el desarrollo de su actividad.

Las empresas que no se encuentren en ninguno de los anteriores supuestos, pero que por circunstancias fortuitas a la propia empresa no puedan seguir desarrollando en condiciones normales su actividad, podrán suspender la relación laboral o reducir empleo, ahora por causas productivas, conforme a la regulación prevista en la normativa ya mencionada.
Efectos: El régimen será idéntico al precedente, con la única salvedad de que no será precisa la constatación de la autoridad laboral, pero sí el correspondiente período de consulta de los representantes de los trabajadores.
4º. TRABAJADORES QUE NO SE INCLUYAN EN LOS ANTERIORES SUPUESTOS.

Se impone la obligación de trabajar para el resto de los trabajadores (art. 5 ET), salvo acuerdo con la empresa, salvo razones de fuerza mayor o de excedencia por motivos familiares, se entiende que deben seguir prestando servicios. Entre las razones de fuerza mayor se encontrarían los impedimentos para acudir al centro de trabajos derivados del cierre por decisión del Ministro del Interior a la circulación de carreteras o tramos de ellas por razones de salud pública, seguridad o fluidez del tráfico (art. 7.4).
5º. TRABAJADORES CON DIFICULTAD O IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR SU TRABAJO POR RAZONES DE CONCILIACIÓN FAMILIAR.

La normativa laboral no ha contemplado un escenario de excepcionalidad como el provocado por los riesgos de propagación del conoravirus, ni de la declaración del estado de alarma, respecto de los efectos del mismo sobre las dificultades acentuadas de conciliación con las responsabilidades familiares, especialmente derivados del contagio de algunos familiares, de su aislamiento, de la suspensión de la actividad docente de los menores o del cierre de los centros para mayores. Las medidas contempladas en nuestra legislación son las siguientes:

6º AUSENCIA Y PERMISOS RETRIBUIDOS

Los trabajadores tendrán derecho a ausentarse del trabajo con derecho a retribución en los siguientes supuestos:

1) 2 días por el fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con tal motivo la persona trabajadora necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro días (art. 37.3 ET).
2) En los casos guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce años o una persona con discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo diaria, con la disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquélla. Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida. El progenitor, adoptante, guardador con fines de adopción o acogedor permanente tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario de, al menos, la mitad de la duración de aquélla, para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del menor a su cargo afectado por.enfermedad grave, que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente, acreditado por el informe del servicio público de salud u órgano administrativo sanitario de la comunidad autónoma correspondiente y, como máximo, hasta que el menor cumpla los dieciocho años. Por convenio colectivo, se podrán establecer las condiciones y supuestos en los que esta reducción de jornada se podrá acumular en jornadas completas (art. 37.6 ET).
7º. ADAPTACIONES Y DISTRIBUCION DE JORNADA DE TRABAJO

Los trabajadores tienen derecho a solicitar las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluida la prestación de su trabajo a distancia, para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral. Dichas adaptaciones deberán ser razonables y proporcionadas en relación con las necesidades de la persona trabajadora y con las necesidades organizativas o productivas de la empresa. En el caso de que tengan hijos o hijas, las personas trabajadoras tienen derecho a efectuar dicha solicitud hasta que los hijos o hijas cumplan doce años. En la negociación colectiva se pactarán los términos de su ejercicio, que se acomodarán a criterios y sistemas que garanticen la ausencia de discriminación, tanto directa como indirecta, entre personas trabajadoras de uno y otro sexo. En su ausencia, la empresa, ante la solicitud de adaptación de jornada, abrirá un proceso de negociación con la persona trabajadora durante un periodo máximo de treinta días. Finalizado el mismo, la empresa, por escrito, comunicará la aceptación de la petición, planteará una propuesta alternativa que posibilite las necesidades de conciliación de la persona trabajadora o bien manifestará la negativa a su ejercicio. En este último caso, se indicarán las razones objetivas en las que se sustenta la decisión. La persona trabajadora tendrá derecho a solicitar el regreso a su jornada o modalidad contractual anterior una vez concluido el periodo acordado o cuando el cambio de las circunstancias así lo justifique, aun cuando no hubiese transcurrido el periodo previsto (art. 34.8 ET).
NOTA IMPORTANTE SOBRE LOS PLAZOS:

Mientras se encuentre en vigor el RD suspende los plazos de prescripción y caducidad y todos los plazos procesales salvo para conflictos colectivos y tutela de derechos fundamentales y todos los plazos administrativos salvo en relación con las medidas del propio 
 
 
 
Derecho de Familia - Derecho Civil
 
EN MATERIA DE FAMILIA-GUARDA Y CUSTODIA DE LOS HIJOS MENORES DURANTE EL ESTADO DE ALARMA
La crisis sociosanitaria generada por el Covid-19, que ha motivado la declaración del estado de alarma mediante el RDL 463/2020 de 14 de marzo, nos ha introducido en un bucle de incertidumbre por el continuo flujo de noticias, rumores, contradicciones y recomendaciones oficiales. Ofrecer sensatez, confianza, esperanza, seguridad, consenso y diálogo en esta situación excepcional y temporal deben guiar nuestras decisiones a la protección del interés familiar, liderado por el bienestar de los menores.
El RDL 463/2020 establecía en su artículo 7 apartado e) que, durante la vigencia del estado de alarma, las personas únicamente podrían circular por las vías de uso público, para la realización de las siguientes actividades: la asistencia y cuidado de mayores, menores, personas dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables. Y digo decía porque el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo (BOE 73, de 18 de marzo de 2020) modifica el anterior con la redacción siguiente:

«1. Durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán circular por las vías o espacios de uso público para la realización de las siguientes actividades, que deberán realizarse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad, menores, mayores, o por otra causa justificada».
«h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza.»

Al entender de quien suscribe, ni la vigencia del sistema de custodia compartida ni el régimen de visitas en un sistema de custodia individual quedaba en suspenso por las limitaciones de circulación establecidas en el RDL 463/2020. Con la modificación introducida en el RD 465/2020 de 17 de marzo, queda meridianamente claro que así debe ser; y ello porque la regla general es la obligatoriedad en el cumplimiento de las resoluciones judiciales, de conformidad al artículo 118 de la Constitución Española.
Por tanto, el hecho de que la modificación llevada a cabo por el RD 465/2020 de 17 de marzo, introduciendo expresamente, la frase "salvo que se acompañe a ...., menores", debe hacernos reconsiderar determinadas interpretaciones literales realizadas sobre la letra del texto anterior, y que han motivado criterios o decisiones impactantes para la ciudadanía.
Cierto es que hemos de ponderar la situación excepcional del estado de alarma, preservar con nuestras actuaciones y comportamientos la salud pública, la permanencia en el domicilio, la limitación en la circulación y movimientos a cuando sea estrictamente necesario, cuidando y protegiendo a las personas vulnerables y a nuestros niños y niñas.
EL PAPEL PROBLEMA NO SON LOS NIÑOS, SINO LAS VOLUNTADES ENCONTRADAS

Ante la avalancha de consultas llevadas a cabo por la ciudadanía, es necesario indicar que el problema no son los niños-as y/o adolescentes. El conflicto deriva de las voluntades encontradas entre padres y madres ante esta situación, y el hecho de que en más ocasiones de las deseables se producirán incumplimientos no justificados respecto a las medidas vigentes. Por tanto, es una labor de conciencia, honestidad y responsabilidad de los padres y de las madres cumplir con las resoluciones judiciales, salvo que exista en cada caso concreto motivos de suficiente entidad para no hacerlo, en cuyo caso se deberán adoptar medidas alternativas consensuadas.
Por tanto, como Abogacía Especializada en la materia nos corresponde ser capaces de ponderar en cada caso concreto si nos enfrentamos a un incumplimiento justificado o intencionado. En este último caso, nuestra labor debería consistir en consensuar alternativas con el compañero y, en caso de no estarlo, apercibir al cliente de las consecuencias que ello puede acarrearle. La primera de ellas, el desasosiego, preocupación y ansiedad que se provoca en los niños, además de la obstaculización en la relación personal con el otro progenitor.
DISPARIDAD DE PRONUNCIAMIENTOS
A todo ello se suman los pronunciamientos dispares y contradictorios que en estas últimas horas hemos ido conociendo de distintos juzgados y tribunales de nuestro país, que intensifican la incertidumbre de la ciudadanía. Asistimos a decisiones que abordan de forma desigual la misma situación. Hemos conocido con pocas horas de diferencia la decisión gubernativa de un juzgado de Alcorcón y de la Junta de Jueces de Tolosa, que suspenden cualquier sistema de visita y/o custodia compartida, quedando los menores en compañía del progenitor con quien estuviesen en el momento decretarse el estado de alarma.
Las decisiones de Alcórcón y Tolosa son contrapuestas a la de la Junta de Jueces de Familia de Zaragoza, o a la de Jueces de Familia y de Violencia sobre la Mujer de Pamplona, que mantienen los sistemas de reparto de tiempo y los regímenes de visita de los fines de semana alternos, las visitas intersemanales con pernocta, suspendiendo las visitas intersemanales sin pernocta. En el mismo sentido que Zaragoza y Pamplona se posiciona la Junta de Jueces de Familia de Murcia, que hace constar en su criterio 5): "Finalmente, se pone de manifiesto a los progenitores implicados en estas medidas que la situación excepcional en la que se encuentra el país y que afecta a la Administración de Justicia y a la Jurisdicción de Familia en particular por su especial naturaleza, no debe servir de excusas, ni amparar (salvo supuestos excepcionales y que en su caso se deberían justificar adecuadamente), el incumplimiento de las medidas establecidas en las resoluciones judiciales, pudiendo las partes de común acuerdo flexibilizar y adaptar las visitas a estas circunstancias por el interés superior de sus hijos y de forma provisional mientras se mantenga esta excepcional situación".
Lo que sí es unánime es la suspensión del régimen de visitas que venía desarrollándose en los Puntos de Encuentro, que están cerrados a público, motivo que hace inviable llevar a cabo el régimen de visitas tutelado. No obstante, se pueden adoptar medidas alternativas entre los progenitores, cuando el Punto de Encuentro se utilizaba para el entrega y recogida. Dadas las restricciones de circulación y permanencia en la vía pública es preciso aconsejar a los progenitores que lleven consigo la resolución judicial para acreditar y/o justificar su tránsito por la vía pública.
EL PAPEL DE LA ABOGACÍA ESPECIALIZADA Y LA CASUÍSTICA

Llegados a este punto, y ante esta situación excepcional, ¿cómo debemos actuar los abogados especializados en Familia? ¿Qué orientaciones y asesoramiento jurídico hemos de ofrecer a la ciudadanía?

El estado de alarma no suspende a los progenitores ni en la titularidad ni el ejercicio de la responsabilidad parental o la patria potestad, que sigue siendo ejercida, en caso de separación-divorcio-cese de convivencia de pareja no casada con hijos, de conformidad a lo establecido en la resolución judicial vigente.
Ambos progenitores siguen obligados, respecto a los hijos, a velar por su cuidado, atención, crianza, cuestiones escolares, sanitarias y tenerles en su compañía. Y también a seguir adoptando de común acuerdo todas las decisiones importantes que afecten a sus hijos, salvo las de extrema urgencia y las carentes de importancia, que pueden ser decididas de forma unilateral por el progenitor con quien el menor se encuentre en cada momento. Si el hijo ha de estar hospitalizado, ambos padres pueden y deben cuidarle y atenderle en el centro hospitalario, cumpliendo las normas del centro sanitario, con independencia del sistema de custodia que tengan determinado.
El estado de alarma, tampoco suspende los sistemas de custodia compartida, si ambos progenitores residen en la misma ciudad ni los regímenes de visitas de fines de semanas alternos ni las visitas intersemanales con pernocta. Por tanto, se contempla la necesidad de la circulación por la vía pública para recoger y reintegrar a un menor, así como la utilización del servicio público, guardando las correspondientes medidas de seguridad sanitarias, y supervisando en todo momento las medidas higiénicas de los niños-as. En principio, el RD permite el movimiento, traslado y acompañamiento de los menores de casa del padre a la de la madre, o viceversa.
Excepcionalmente, el régimen de visitas y o sistema de custodia compartida, incluso el sistema de custodia individual, quedará automáticamente suspendido cuando el progenitor esté infectado del virus o esté conviviendo con alguna persona afectada por la enfermedad, y lo mismo sucederá cuando el contagiado sea el propio menor. También está justificada la suspensión del régimen de reparto de tiempo en el caso de que el menor padezca un estado de salud vulnerable, o una patología que sea susceptible de agravarse con el contagio del Covid 19. Igualmente habrá que incluir como casos excepcionales de suspensión cuando el progenitor no custodio resida en zonas de transmisión comunitaria grave que han motivado decisiones administrativas de confinamiento de toda la población.
Aplicando la lógica, si el lugar y entrega de los niños estaba previsto en el centro escolar, suspendida la asistencia a los centros escolares, la entrega y recogida de los menores ha de verificarse en casa de la madre y/o del padre. A quien discuta esta cuestión, se le puede argumentar que la actividad docente-escolar ha pasado de ser impartida en los colegios a serlo en los domicilios de los niños, el del padre y el de la madre en caso de custodia compartida, por tanto no debe ocasionarse mayor discusión sobre esta cuestión.
En caso de visitas intersemanales, (tanto en la custodia compartida, como individual), la respuesta más difícil es la que corresponde a la pregunta: ¿Está justificado que los hijos-as salgan del domicilio del progenitor custodio para cumplir el régimen de visitas ordinario establecido por resolución judicial?
En principio, y tal como se establece en la modificación introducida por el RD 465/2020 de 17 de marzo, no está prohibido, pero siempre habrá que ponderar que el régimen ordinario de visitas no justifique arriesgar la salud de los menores y de las personas de su entorno, y en caso de colisión entre los dos deberes, siempre será prioritario garantizar la salud pública en cumplimiento estricto de los Decretos 462 y 465 de 14 y 17 de marzo de 2020, respectivamente. Cosa distinta es, el régimen de visitas durante los fines de semana alternos que, en principio, no existe motivo alguno para suspenderlos. Como alternativa, en caso de suspenderse las visitas intersemanales sin pernocta, para evitar continuos traslados de los niños, puede acordarse unificar dichas horas intersemanales al fin de semana, de manera que se evite dentro de lo posible el mayor número de traslados.
Las visitas intersemanales y visitas sin pernocta que deben desarrollarse en espacios públicos porque el progenitor visitante reside a mucha distancia del domicilio habitual de los niños, sí se ven afectadas. La razón estriba en que está prohibida la utilización de los espacios públicos. Es decir, el progenitor no podrá recoger al menor y permanecer en la vía pública, ni acudir a un centro de ocio, centro comercial, el cine ni a una cafetería, por lo que este tipo de visitas forzosamente quedan en suspenso.
En los sistemas de custodia "casa nido", son los padres-madres quienes entran y salen del domicilio. Lógicamente se apela a la absoluta responsabilidad de cada uno de ellos, pues ante la sospecha de contagio o de riesgo efectivo de contagio, se deberán tomar las medidas oportunas para evitar el contagio de los menores.
En caso de que uno de los progenitores, o ambos, convivan con los abuelos, quienes son especialmente vulnerables a la pandemia, la recomendación es la suspensión del régimen de estancia de los niños con el progenitor que conviva con los abuelos. En caso de que ambos progenitores convivan en sus domicilios con sus respectivos padres, evidentemente se precisa por parte de ambos progenitores de una labor de supervisión extraordinaria para mantener de forma permanente las medidas higiénicas de seguridad y así evitar los contagios entre los miembros de la familia.
Es conveniente igualmente suspender las visitas en caso de que la progenitora esté embarazada, en cuyo caso, si es la custodia, el menor quedaría con ella evitándole los traslados. Y de ser la progenitora no custodia, con el padre, y en todos los casos arbitrar medidas alternativas para que los niños-as mantengan los contactos más frecuentes con el padre-madre con quien transitoriamente dejen de estar en compañía, mediante los sistemas que nos brindan las tecnologías. El sentido común, la sensatez y la responsabilidad deben presidir en todo caso la actuación de padres y madres, y en ausencia de las mismas, la actuación y comportamiento de la abogacía que represente en cada momento a cada una de las partes.
Otro problema grave se plantea, es aquel en el que, uno de los padres, por su situación personal, profesional, comunica al otro que no pude atender a los hijos comunes en su tiempo asignado de estancia, alegando riesgo para los menores, al tiempo que, el otro progenitor se niega a hacerse cargo de los hijos en los tiempos que no le corresponde, alegando igualmente impedimentos personales, laborales, etc. Aunque es una situación poco usual, son situaciones que acontecen. La alternativa a esta situación pasa por la contratación de una tercera persona que sustituya a los progenitores durante su jornada laboral, o la ayuda de un familiar, preferiblemente que no sean los abuelos, o en caso de que sean ambos padres quienes quieran desentenderse, habrá que acudir a los servicios sociales y/o Fiscalía para comunicar la situación de desamparo del menor. Esta situación podría darse igualmente en el supuesto de contagio e ingreso hospitalario de ambos padres, y en caso de que no tuvieran posibilidad de acudir a la ayuda de un tercero para el cuidado de los niños durante su tiempo de hospitalización y convalecencia.
Por otra parte, en caso de custodia compartida, cuando los niños no están escolarizados y residan sus padres en ciudades distintas, en principio no existe motivo para suspender este sistema, si bien, la excepción viene dada por las medidas especiales de confinamiento de la localidad en concreto que pudieran existir, en caso de ser un foco de crecimiento y contagio, y por las dificultades del traslado aéreo y terrestre.
Como indica el magistrado Javier Pérez Martín en su artículo "EL coronavirus y el derecho de Familia", "no vale la máxima, primero está la salud de los menores que el régimen de visitas, porque garantizar la salud de los menores tanto por el progenitor custodio como por el no custodio está en un mismo plano de igualdad. Nadie puede garantizar que un menor no se va a contagiar por estar en el domicilio materno, ni que se va a contagiar si se traslada al domicilio del padre. Observando todas las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, el contagio no debería producirse. Lo que sí debe preocupar a los padres es el nivel de exposición del menor, que debe ser el mínimo, especialmente si éste tiene alguna patología que suponga a un mayor riesgo a los efectos del virus"

La casuística es variada, la actuación de los operadores jurídicos debe enfocarse a evitar y avivar los enfrentamientos. En caso de menores lactantes, habrá que adoptar medidas más rígidas, sobre todo en caso de que las visitas se desarrollen en casa de la madre. Y si para cuando lleguemos a las vacaciones escolares de Semana Santa, y/o cualquier otro período vacacional, estuviéramos en la misma situación, hemos de tener en cuenta el cierre de las fronteras, que los desplazamientos a otros países están suspendidos, y que no será viable que los niños viajen al extranjero, ni a localidades de nuestro propio país fuera de su residencia habitual.
Es conveniente que los regímenes de visitas fijados a favor de los abuelos respecto a los nietos queden suspendidos, en exclusivo interés y beneficio de los mayores, especialmente vulnerables a la pandemia.
NO COLAPSAR LOS JUZGADOS

Según la Disposición Adicional 2ª del RD 463/2020 de estado de alarma, se interrumpen los plazos procesales salvo, entre otros casos, las órdenes de protección y las medidas cautelares en materia de violencia sobre la mujer o menores en el orden penal (es decir, cuando se ha denunciado un presunto delito). Y en el orden civil, tampoco se interrumpe la adopción de medidas o disposiciones de protección de menores previstas en el art. 158 del Código Civil. Así lo establece el Acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ de fecha 13 de Marzo de 2020, que incluso prevé la posibilidad de la adopción de medida cautelar urgente por el juez competente de la resolución de la petición cursada por el progenitor custodio, al objeto de poder valorar el estado de alarma y el riesgo de contagio ante la movilidad del menor, compensando estos días al otro progenitor.
Lógicamente, esto no puede justificar que se colapsen los juzgados con demandas de modificación, o aclaraciones respecto de menores de edad que puedan resolverse por los progenitores sin intervención judicial, a las que no se les va a dar curso, por no formar parte de los procesos urgentes.
En cualquier caso, es aconsejable antes de instar un proceso de medidas del 158 del Código Civil, haber llevado a cabo con carácter previo las gestiones extrajudiciales para compensar el tiempo no disfrutado por el menor con quien tiene el régimen de visitas o custodia compartida, circunstancia que se aconseja conste en el escrito presentado en el juzgado, a fin de que el estado de alarma no merme los derechos del menor a estar con el progenitor contra quien se pide la suspensión de los tiempos de estancia con el hijo.
Además, sería aconsejable el cálculo de los días perdidos a los efectos de la petición de la efecto la debida compensación en los periodos que pacten las partes, una vez se levante el estado de alarma. En caso de discordia, deberá decidirse por el juez competente.
Las decisiones han de considerar siempre el interés superior del menor, una cosa es desobedecer la resolución judicial aprovechando la situación excepcional, y otra muy distinta es no cumplir debido al peligro y/o riesgo que suponga dicho cumplimiento para ese menor en concreto, no para la generalidad de los menores. En este último caso, no se incurrirá en responsabilidad por no salir a la calle a cumplir el régimen de visitas ordinario; sin perjuicio de que, en caso de que se incumpla el requerimiento judicial expreso, pueda remitirse a la jurisdicción penal por si se aprecia delito de desobediencia.
 
Derecho penal eva
 
EN MATERIA PENAL 
 
 
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo de 2020, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, establece una seria de sanciones legales que pueden llegar hasta 600.000 euros y penas de prisión.
Fuerzas y cuerpos de seguridad:

GUARDIA CIVIL
POLICIA NACIONAL
POLICIAS AUTONOMICAS
POLICIAS LOCALES

Con base al Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo de 2020, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Visto que el artículo 20, tipifica el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes en el estado de alarma será sancionado con arreglo a las leyes, en los términos establecidos en el artículo diez de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio.
SANCIONES DE POSIBLE APLICACIÓN

1º- LEY ORGÁNICA 4/2015, DE 30 DE MARZO, DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA.
37.15. La remoción de vallas, encintados u otros elementos fijos o móviles colocados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para delimitar perímetros de seguridad, aun con carácter preventivo, cuando no constituya infracción grave. Sanción LEVE multa de 100 a 600 euros.
36.6. La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación. Sanción GRAVE multa de 601 a 30.000 euros

2º- LEY 33/2011, DE 4 DE OCTUBRE, GENERAL DE SALUD PÚBLICA. Art.
57.2.b) INFRACCIONES GRAVES, multa de 3.001 hasta 60.000 euros. 1.º La realización de conductas u omisiones que puedan producir un riesgo o un daño grave para la salud de la población, cuando ésta no sea constitutiva de infracción muy grave. Art.
57.2.a) INFRACCIONES MUY GRAVES, multa de 60.001 hasta 600.000 euros. 1.º La realización de conductas u omisiones que produzcan un riesgo o un daño muy grave para la salud de la población. 2.º El incumplimiento, de forma reiterada, de las instrucciones recibidas de la autoridad competente, o el incumplimiento de un requerimiento de esta, si este comporta daños graves para la salud.
3º- LEY 17/2015, DE 9 DE JULIO, DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL.
45.4. Constituyen infracciones GRAVES, 30.001 a 600.000 euros. b) En las emergencias declaradas, el incumplimiento de las órdenes, prohibiciones, instrucciones o requerimientos efectuados por los titulares de los órganos competentes o los miembros de los servicios de intervención y asistencia, así como de los deberes de colaboración a los servicios de vigilancia y protección de las empresas públicas o privadas, cuando no suponga una especial peligrosidad o trascendencia para la seguridad de las personas o los bienes.
45.3. Constituyen infracciones MUY GRAVES, multa de 1.501 a 30.000 euros. b) En las emergencias declaradas, el incumplimiento de las órdenes, prohibiciones, instrucciones o requerimientos efectuados por los titulares de los órganos competentes o los miembros de los servicios de intervención y asistencia, así como de los deberes de colaboración a los servicios de vigilancia y protección de las empresas públicas o privadas¸ cuando suponga una especial peligrosidad o trascendencia para la seguridad de las personas o los bienes

4º-LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL.
Artículo 556. 1. Serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses, los que, sin estar comprendidos en el artículo 550, resistieren o desobedecieren gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, o al personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
NOTA. Se remitirá lo actuado a Subdelegación de Gobierno, bien vía acta o informe, si es posible realizar un reportaje fotográfico de lo actuad, por lo tanto lo anteriormente establecido se puede sancionar al caso concreto a lo actuado.
 
 

Qué es un ERTE? | Enviarcurriculum.info

 

 

Un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) es una suspensión de los contratos de carácter temporal, aunque también se puede traducir en una reducción de la jornada. Lo regula el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores. Mientras que el expediente de regulación de empleo (ERE) está definido en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores como despido colectivo.

Ambos procedimientos son controlados por la Inspección del Trabajo y se requiere de asesoramiento legal personalizado para planificarlos y llevarlos a cabo. Los ERTE son suspensivos por su carácter temporal, mientras que los ERE son extintivos y definitivos.

Un ERTE es temporal, es decir, la salida del trabajador de la empresa es limitada en el tiempo. Tras un período, vuelve a sus puesto de trabajo. Un ERE implica el despido para siempre del empleado

¿Qué tipos de ERTE hay?

El Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre regula las pautas para llevar a cabo tres tipos de procedimientos tanto si se trata de un ERE o de un ERTE: de despido colectivo, de suspensión de contrato o de reducción de jornada.

¿En qué situación quedan los trabajadores afectados por un ERTE?

Los empleados afectados por un ERTE deben ser readmitidos una vez termine el plazo temporal que se ha estipulado, pero al ser suspensivo y no extintivo no recibirán ningún tipo de indemnización.

 

Tanto si se trata de una suspensión como de una reducción de jornada, podrán solicitar la prestación por desempleo, a la que tendrán acceso si han cotizado más de 360 días o cuando sus rentas no superen el 75% del salario mínimo interprofesional.

 

¿Si me aplican un ERTE cuánto cobraré?

 

El 70% de la base de cotización en base a los últimos 180 días cotizados, o menos si no llegas a esa cantidad. El paro máximo es de 1.411€ (con 2 hijos o más) y el mínimo de 501,98€ (sin hijos). El ERTE no consume paro.

 

¿Cuándo cobraré si me afecta un ERTE?

 

Lo cobrarás el último día de mes (una vez concedido el ERTE).

 

¿Me pueden despedir después de aplicar el ERTE?

 

Los empleados que hayan sido mandados al ERTE no podrán ser despedidos durante los seis meses posteriores al volver a su puesto. Si la empresa decide hacerlo, tendrá que pagar todo lo que se había ahorrado en cotizaciones a la Seguridad Social.

 

¿Tengo que haber cotizado un mínimo de tiempo?

 

No, mientras que normalmente sí que se necesita un mínimo, con el ERTE no es necesario. Todos los afectados podrán cobrar el desempleo.

 

¿Tengo que hacer algún trámite?

 

No, la empresa debe informar de la aplicación del ERTE a los trabajadores afectados al Servicio Público de Empleo (SEPE), que tramita la prestación de desempleo (Paro). 

 

¿Cuándo volveré a trabajar?

 

El ERTE deberá durar un tiempo similar al tiempo de cuarentena decretado por el Estado de alarma. En caso de ampliarse el tiempo de confinamiento, siempre podrá prorrogarse.

La empresa te informará cuando finalice, y te citará de nuevo a trabajar.

 

¿Hay indemnizaciones?

 

En el ERTE el trabajador no cobra ninguna indemnización de la empresa. Los empleados afectados por un ERTE sí tiene derecho a cobrar el paro, si han cotizado más de 360 días En el ERE sí hay indemnización. La empresa negocia con los trabajadores o sus representantes la cuantía que pagará al empleado por su salida.

¿A partir de cuántos trabajadores puede una empresa realizar un ERTE?

El ERTE se puede aplicar sin tener en cuenta el número de trabajadores que tenga la compañía. Para hablar de ERE, el tamaño de la empresa es importante. Tiene que afectar a 10 trabajadores en empresas con menos de 100 trabajadores, al 10% de los empleados de las que tienen entre 100 y 300; o a 30 en las que cuentan con más de 300 personas en plantilla en un periodo de 90 días.

Estos escenarios no tienen por qué conllevar la cesación total de la actividad. El ERTE también se puede aplicar a una parte de la plantilla.

 

Cuáles son las causas de un ERTE?

Se pueden alegar causas técnicas (cambios en los métodos de producción), causas organizativas (cambios en los sistemas y métodos de trabajo del personal o el modo de organizar la producción) y causas productivas (se dan variaciones en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende comercializar). En estos casos, se deberá realizar un periodo de negociaciones de un mínimo de 15 días.

En los ERTE que se inicien como consecuencia de la epidemia del coronavirus hay una peculiaridad: se fundamentan en motivos de fuerza mayor, en este caso, por el contagio masivo, que recoge el artículo 31 y siguientes del RD 1483/2012 de 29 de octubre. En estos procedimientos no es necesario desarrollar el periodo de consultas. La existencia de fuerza mayor debe ser constatada por la autoridad laboral.

Si la crisis por el coronavirus se prolonga, ¿por cuánto tiempo se puede establecer un ERTE?

No existe un plazo mínimo. Por su carácter temporal, uno de los pasos fundamentales es determinar por cuánto tiempo se prolongará el ERTE. Como en el caso del coronavirus no sabemos bien cómo se desarrollarán los acontecimientos lo razonable parece ser establecer un periodo más amplio que los 15 días de estado de alarma para que el empleador tenga un poco más de margen en caso de que la situación se prolongue. Si finalmente esto se resuelve antes, el empresario puede pedir a los empleados que se reincorporen antes del plazo máximo que se establece en el ERTE.

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