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Circular 22/2018 * Coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles urbanos

22 May, 2018 | Circulares

EXTENSIÓN Sujetos pasivos del ITPAJD y del Impuesto sobre Sucesiones, por la transmisión de inmuebles urbanos.
ASUNTO: Coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles urbanos
NORMATIVA ORDEN de 15 de mayo de 2018, por la que se aprueban los coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles urbanos.

 

 

Estimado cliente,

Esta Orden aprueba los coeficientes aplicables al valor catastral para estimar, por referencia al mismo, el valor real de determinados bienes inmuebles de naturaleza urbana radicados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, a efectos de la liquidación de los hechos imponibles del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones que se devenguen a partir del 22 de mayo y hasta el 31 de diciembre de 2018.

La estimación del valor de los bienes inmuebles de naturaleza urbana se realizará aplicando los coeficientes aprobados al valor catastral a la fecha del devengo del tributo, excepto en los bienes de interés cultural, y los afectos a los usos de mercados, supermercados, industrias fabriles y servicios de transportes.

En las transmisiones de bienes o derechos sujetas al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados prevalecerá el precio o contraprestación pactada cuando resulte superior al valor declarado o al estimado.

MUNICIPIO // LAS PALMAS Valor del coeficiente multiplicador del valor catastral
Agaete 1,50
Agüimes 1,36
Antigua 1,55
Arrecife 1,04
Artenara 2,72
Arucas 1,12
Betancuria 1,53
Firgas 1,60
Gáldar 1,88
Guía 1,48
Haría 1,53
Ingenio 1,54
La Aldea de San Nicolás 1,56
La Oliva 1,96
Las Palmas GC 2,20
Mogán 2,87
Moya 1,64
Pájara 2,01
Puerto del Rosario 2,09
San Bartolomé Lanzarote 2,31
San Bartolomé Tirajana 2,97
Santa Brigida 1,40
Santa Lucia de Tirajana 2,40
Teguise 1,46
Tejeda 2,03
Telde 1,48
Teror 1,26
Tías 1,78
Tinajo 1,67
Tuineje 1,62
Valleseco 2,37
Valsequillo 1,48
Vega de San Mateo 1,47
Yaiza 1,63

 

 

MUNICIPIO //  S C TENERIFE Valor del coeficiente multiplicador del valor catastral
Adeje 1,68
Agulo 1,82
Alajeró 1,51
Arafo 1,67
Arico 1,76
Arona 1,85
Barlovento 1,81
Breña Alta 1,68
Breña Baja 1,56
Buenavista del Norte 2,00
Candelaria 1,54
Fasnia 1,79
Frontera 1,49
Fuencaliente 1,88
Garachico 1,64
Garafía 1,84
Granadilla de Abona 1,54
Guancha, La 2,23
Guía de Isora 1,95
Güímar 1,96
Hermigua 1,62
Icod de los Vinos 2,26
Llanos de Aridane 1,75
Matanza de Acentejo 1,51
Orotava, La 1,58
Paso, El 1,52
Pinar de El Hierro 1,25
Puerto de la Cruz 1,66
Puntagorda 2,24
Puntallana 2,33
Realejos, Los 1,61
Rosario, El 1,69
San Andres y Sauces 1,49
San Cristobal de La Laguna 1,50
San Juan de la Rambla 2,18
San Miguel de Abona 1,61
San Sebastián de la Gomera 1,23
Santa Cruz de La Palma 1,32
Santa Cruz de Tenerife 1,84
Santa Ursula 2,02
Santiago del Teide 1,40
Sauzal, El 1,64
Silos, Los 1,31
Tacoronte 1,71
Tanque, el 1,57
Tazacorte 1,75
Tegueste 1,46
Tijarafe 2,23
Valle Gran Rey 1,96
Vallehermoso 2,26
Valverde 1,63
Victoria de Acentejo 1,67
Vilaflor 1,77
Villa de Mazo 1,43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me piden una copia auténtica ¿Puedo llevar una fotocopia compulsada?

No son lo mismo. La mayor diferencia entre las fotocopias compulsadas y las copias auténticas es que estas últimas tienen la misma validez legal que los documentos originales, y tiene efectos jurídicos más amplios, esto nos permite poder mantener la propiedad de los originales.

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Según se establece en la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas cada Administración determinará qué órganos tendrán atribuidas las competencias de expedición de copias auténticas tanto de los documentos públicos o privados.

Las copias auténticas podrán ser realizadas por la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales podrán realizar copias auténticas mediante funcionario habilitado, o bien mediante cualquier actuación administrativa automatizada .

Por todo esto, no puedes sustituir una copia auténtica con una fotocopia compulsada, ya que las copias auténticas actúan como un certificado sobre la autenticidad del documento.

¿Cómo se comprueban las firmas auténticas?

Para poder comprobar la validez de las firmas auténticas será necesario mantener un registro actualizado, u otro sistema equivalente, en el que constarán aquellos funcionarios habilitados para la expedición de copias auténticas que deberán estar interconectados con los de las restantes Administraciones Públicas, para poder realizar las comprobaciones.

Para tener la consideración de copia auténtica de un documento público administrativo o privado, es necesario que quede garantizada la identidad del órgano que ha realizado la copia y su contenido.

¿Se pueden negar a darme una copia autentica?

No. Las Administraciones Públicas están obligadas a expedir copias auténticas electrónicas de cualquier documento en papel que presenten los interesados y que se vaya a incorporar a un expediente administrativo . Esta gestión se puede realizar en cualquier momento y la solicitud se dirigirá al órgano que emitió el documento original.

En el caso de que las Administraciones Públicas expidan copias auténticas electrónicas, deberá quedar expresamente indicado en el documento de la copia.

La expedición de copias auténticas de documentos públicos notariales, registrales y judiciales, así como de los diarios oficiales, se regirá por su legislación específica.

¿Estoy obligado a aportar documentos que ya estén en la administración?

Según se establece en el art.28 de la Ley 39/2015 los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración.

En este caso, la administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el interesado se negara a ello. Teniendo en cuenta que no se puede oponer si está obligado a aportar el documento en cuestión.

Las Administraciones Públicas deberán recabar los documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCION DE CESACION EN NUESTRO DERECHO

 

 

Título: Dossier PH nº 40: LA ACCIÓN DE CESACIÓN (actualización)

Autores: Ignacio Rosat Aced / Jacinto José Jiménez Luján

 

El presente documento aborda la actualización del Dossier PH nº 21 relativo a la acción de cesación.

Dentro de las obligaciones de los propietarios de un edificio sujeto al régimen de propiedad horizontal, se encuentra la de no realizar actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas. Ante un vecino que realice este tipo de actividades, la LPH prevé mecanismos de actuación a fin de garantizar la pacífica convivencia entre propietarios y ocupantes del inmueble, entre los que se encuentra la acción de cesación. En este dossier vamos a abordar la problemática existente en torno a esta acción y veremos algunas de las preguntas más frecuentemente formuladas.

 

¿Qué es y en qué consiste la acción de cesación ?

Cuando se produce por parte de un vecino una actividad o conducta que resulta molesta, insalubre o peligrosa para otro u otros vecinos de la comunidad, el trámite a seguir por parte de los vecinos perjudicados será el previsto en el art. 7.2 LPH: «El presidente de la comunidad, a iniciativa propia o de cualquiera de los propietarios u ocupantes, requerirá a quien realice las actividades prohibidas por este apartado la inmediata cesación de las mismas, bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales procedentes. Si el infractor persistiere en su conducta el presidente, previa autorización de la junta de propietarios, debidamente convocada al efecto, podrá entablar contra él acción de cesación que, en lo no previsto expresamente por este artículo, se sustanciará a través del juicio ordinario. Presentada la demanda, acompañada de la acreditación del requerimiento fehaciente al infractor y de la certificación del acuerdo adoptado por la junta de propietarios, el juez podrá acordar con carácter cautelar la cesación inmediata de la actividad prohibida, bajo apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia. Podrá adoptar asimismo cuantas medidas cautelares fueran precisas para asegurar la efectividad de la orden de cesación. La demanda habrá de dirigirse contra el propietario y, en su caso, contra el ocupante de la vivienda o local. Si la sentencia fuese estimatoria podrá disponer, además de la cesación definitiva de la actividad, prohibida y la indemnización de daños y perjuicios que proceda, la privación del derecho al uso de la vivienda o local por tiempo no superior a tres años, en función de la gravedad de la infracción y de los perjuicios ocasionados a la comunidad. Si el infractor no fuese el propietario, la sentencia podrá declarar extinguidos definitivamente todos sus derechos relativos a la vivienda o local, así como su inmediato lanzamiento.»

Pero el infractor puede persistir en la conducta, y seguir realizando la conducta dañosa. En este caso se deberá acudir a la vía judicial: fracasada la vía extrajudicial, se insta la acción de cesación.

 

La SAP de Pontevedra de 21-7-2016 (Tol 5.826.163) nos dice que "...Como señalan las sentencias del Tribunal Supremo de 14 octubre 2004 y 27 noviembre 2008 , "el art. 7. 2 de la Ley de Propiedad Horizontal establece tres diferentes supuestos de actividades no permitidas a los propietarios y ocupantes del piso o local: las prohibidas en los estatutos; las que resulten dañosas para la finca y las que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícita". Y, en el presente caso, la demanda invoca, esta última relativa a los ruidos provenientes del local del apelante que estaba arrendado a los codemandados. Ha de significarse al respecto con el TS que la base de la notoriedad está constituida por "la evidencia y permanencia en el peligro o en la incomodidad" por lo que no basta uno o varios actos concretos, singulares o determinados más o menos incómodos o molestos, sino que es necesario además de cierta intensidad, que tales actos pertenezcan a una misma serie y se realicen con cierta continuidad; y que el comportamiento molesto e incómodo basta que sea desagradable para cualquiera que habite en el inmueble o haya de permanecer en él, sin que sea necesario que sea insufrible o intolerable, pero que suponga una afectación de entidad a la pacífica convivencia. Así mismo, ha precisado que la actividad incómoda debe causar una alarma en el entorno de la vivienda o local, correspondiendo a quien la alega la prueba de tal alarma, sosteniéndose por la jurisprudencia que es notoriamente incómodo lo que perturba aquello que es corriente en las relaciones sociales ( STS 16 Jul. 1994 ). Los requisitos son, en síntesis, que la actividad se produzca dentro del inmueble, que exceda y perturbe el régimen o estado de hecho usual y corriente en las relaciones sociales, de manera notoria (evidencia y permanencia en la incomodidad) - SSTS de 28 de febrero de 1964 , 8 de abril de 1965 y 11 de mayo de 1998 - y que esté suficientemente probada. Añaden estas sentencias que "la calificación de una actividad como incómoda o molesta no ha de hacerse apriorísticamente, y sólo por las características generales de la misma, sino atendiendo al modo de realizarse en cada caso concreto ( STS 16 de julio de 1993 ) o el modo de desarrollarse la situación de hecho derivada del uso de una cosa, aunque se cumplan formalidades administrativas (porque no pueden entrañar restricciones a la tutela judicial efectiva, ex art. 24 CE ), atendiendo a los principios que rigen las relaciones de vecindad y a la prohibición del abuso de derecho ex art. 7.2 CC y a la posición contumaz del agente ante las advertencias que le hayan sido hechas; inclusive las objetivamente inocuas ( SSTS 14 de mayo de 1968 y 29 de septiembre de 1979 )". La acción de cesación tiende a restablecer la convivencia alterada por medio de la privación temporal del uso de la vivienda..."

¿Qué consecuencias jurídicas tiene la interposición de la acción de cesación?

 

Cuando se ha interpuesto en tiempo y forma una demanda ejerciendo la acción de cesación, el órgano jurisdiccional puede, de entrada, adoptar las medidas cautelares que estime oportunas. Y existirá finalmente sentencia judicial que ponga fin al pleito y califique la actividad desarrollada como molesta, insalubre, nociva o peligrosa, o no. Pero también cabe que se pronuncie el juez considerando que la actividad no sea molesta, nociva, insalubre o peligrosa, y pueda seguir desarrollándose adecuadamente. Si se considera que entra dentro de alguna de dichas categorías, se puede disponer la cesación definitiva de la actividad, así como la reparación de los daños oportunos desde su origen, en la medida de lo posible, o mediante indemnización de daños y perjuicios, así como, en casos especialmente graves, se puede privar del derecho de uso del local o vivienda por tiempo no superior a tres años.

Es destacable la SAP de Valencia de 25-3-2015 (Tol 5.009.754), que tras analizar la prohibición de realizar la actividad de explotación hotelera del alquiler por días como departamento turístico de un inmueble situado en un edificio sujeto al régimen de propiedad horizontal, se ocupa de las indemnizaciones por daño moral a los habitantes del inmueble: "...En este sentido y al folio 467 párrafo cuarto establece la resolución apelada que en base a la doctrina jurisprudencial expuesta y partiendo de la existencia de una actividad perturbadora y molesta con cita de una sentencia de la Audiencia Provincial de Albacete Sección segunda de 03/04/2014 de la aquí cabría destacar, que este tipo de actuaciones las considera "... atentados o agravios a la intimidad que reclama para su ejercicio pacífico muy especialmente dentro del recinto domiciliario y su entorno un ámbito inmune frente a las agresiones perturbadoras..." ciertamente que en este punto estamos hablando de daños morales que plantean un grave problema de adecuación pues la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de mayo de 2000 que afirma que el daño moral constituye una noción dificultosa, y que iniciada su indemnización en el campo de la culpa extracontractual, se amplió su ámbito a la contractual ( Sentencias del Tribunal Supremo 27- 7-1994 , 22-11-1997 , 14 de mayo y 12 de julio de 1999 , entre otras), adoptándose una orientación cada vez más amplia, con clara superación de los criterios restrictivos que limitaban su concepción clásica del "pretium doloris" y los ataques a los derechos de la personalidad ( Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de octubre de 1998 ). En el entendimiento de que ese padecimiento que se refleja en una persona normal con un problema de un padecimiento, para cuyo resultado debe únicamente probarse la existencia de la perturbación exclusivamente en este caso es absolutamente imposible de negar, de tal manera que ese padecimiento espiritual, que es absolutamente indemostrable debe someterse a la disquisición de los tribunales, y en este punto debe encontrar la respuesta al recurso de apelación y la necesidad del planteamiento de unos criterios que deben someterse los tribunales en donde su tasación resulta enormemente difícil pero que se somete a dicho criterio; de esta manera la situación básica que puede dar lugar a un daño moral indemnizable consiste en un sufrimiento o padecimiento psíquico o espiritual ( Sentencias del Tribunal Supremo de 23-7-1990 ; 22-4-1995 ; 19-10-1996 EDJ 1996/8164 ; 12-7 y 27-9-1999 ), la impotencia, zozobra, ansiedad, angustia, temor o presagio de incertidumbre, ( Sentencias del Tribunal Supremo de 6-7-1990 y 22-5-1995 ), y en cuanto a la prueba lo normal es que no sean precisas pruebas de tipo objetivo ( Sentencias del Tribunal Supremo de 23-7-1990 ; 29-1 -; 9-12-1994 y 21 de junio de 1996 ), sobre todo en relación con su traducción económica, y que haya de estarse a las circunstancias concurrentes ( Sentencias del Tribunal Supremo de 29-1-1993 y 9-12-1994 )…"

 

La solicitud de privación del uso de la vivienda, tal y como recoge la SAP de Lugo de 11/07/2019 (Tol 7.440.305), “... ha de ser acordada tan solo de forma excepcional, y ello dadas las graves consecuencias que conlleva el cese en la privación del uso de la vivienda, debiendo considerarse además que las limitaciones a las facultades dominicales han de interpretarse restrictivamente...”

 

¿La acción de cesación se interpone contra el propietario o contra el ocupante de la vivienda o local?

La SAP de Pontevedra de 21-7-2016 (Tol 5.826.163) resulta esclarecedora en esta pregunta que se pueden plantear las comunidades de propietarios en las que el ejercicio de una actividad molesta o prohibida la ejerce el inquilino de una vivienda o local: "...La reforma operada en la Ley de Propiedad Horizontal por la Ley 6/1999, de 6 de abril, que ha incorporado el antiguo art. 19 al vigente art. 7.2, párrafos segundo y siguientes , ha supuesto importantes novedades en la regulación de esta materia, una de las cuales afecta a la legitimación pasiva en el ejercicio de la acción de cesación contemplada en la norma. Así, el citado art. 7.2, párrafo cuarto, inciso final, de la LPH , dispone que "la demanda habrá de dirigirse contra el propietario y, en su caso, contra el ocupante de la vivienda o local", por lo que ordena legitimación pasiva del propietario titular de la vivienda o local, en todo caso, y un litisconsorcio pasivo necesario entre el propietario y el ocupante, en el caso de sea éste y no aquél el infractor que desarrolla la actividad no permitida. En el caso concreto del arrendamiento, a diferencia del viejo art. 19, según el cual la comunidad de propietarios sólo podía accionar contra el arrendatario en el ejercicio de la acción resolutoria del contrato que correspondía al arrendador ante la inactividad de éste, por vía de sustitución o subrogación legal, lo que hacía innecesario demandar a dicho arrendador ( SS TS 13 junio1972 , 24 enero 1974 , 18 julio 1991 y 27 abril 1994 ), ahora se reconoce a la comunidad una acción propia de cesación contra el arrendatario. Sin embargo, la naturaleza de esta acción, lejos de excluir la legitimación pasiva del propietario la presupone, ya que, como consecuencia de su ejercicio, puede privarse temporalmente al arrendatario, y no sólo al propietario, del derecho al uso de la vivienda o local o extinguirse definitivamente el arriendo ( art. 7.2, párrafo último, LPH ), pronunciamiento que sin duda afecta también al arrendador y puede resultar perjudicial para el mismo, de lo que se deriva un interés jurídico en oponerse a la demanda que justifica su obligada llamada al proceso. Si la sentencia es estimatoria, el Juez, además de la cesación definitiva de la actividad y la indemnización que proceda, "podrá" disponer la privación temporal, tanto al propietario como al ocupante, del derecho al uso de la vivienda o local, o la extinción definitiva de todos sus derechos, así como su inmediato lanzamiento, si el infractor no fuese el propietario ( art. 7.2, párrafo último, LPH ). Estas consecuencias, derivadas del ejercicio y estimación de la acción de cesación , no son, pues, el objeto directo de la acción , ni integran necesariamente el contenido de la pretensión deducida al efecto en la demanda, sino que constituyen una sanción que puede ser decretada por el Juez con carácter facultativo "en función de la gravedad de la infracción y de los perjuicios ocasionados a la comunidad ", correspondiendo al arbitrio judicial decidir, no solamente el alcance temporal, sino la procedencia de la sanción misma. Si antes de la citada reforma la estimación de la demanda conllevaba imperativamente la imposición de alguna de dichas consecuencias, de forma diferenciada y según la clase de acción ejercitada, contra el propietario o contra el ocupante, ahora la sentencia puede limitarse a acordar el cese de la actividad sin la sanción, valorando las circunstancias expresadas, o, incluso, disponer su eventual imposición, ante un posible incumplimiento del mandato de cesación de la actividad, en el proceso de ejecución. Tampoco debemos olvidar que el fundamento de la acción contenida en el artículo 7.2 LPH está en preservar el interés comunitario frente al particular, y para ello objetiva la responsabilidad del propietario del piso o local donde se desarrolla la actividad prohibida, sea él o no quien de manera directa la realice, incluso con independencia de tener conocimiento de la misma. Así se advierte en el primer párrafo del precepto cuando dice: " Al propietario y al ocupante del piso o local no les está permitido desarrollar en él o en el resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas." El propietario, con independencia de utilizar o no por sí mismo la vivienda o local, tiene un vínculo contractual con los demás copropietarios que le obliga a usar o administrar sus bienes sin perjudicar al resto. Y si eso es así con carácter general, en mayor medida ocurre cuando por un acto de administración se ha cedido el local en arrendamiento, pues el responsable legal del cumplimiento del contrato es él. Esa responsabilidad objetiva del propietario por los daños causados a consecuencia de humos, olores y ruidos se aprecia también en el artículo 1.908 CC , del que el artículo 7.2 LPH aparece como una especialidad en el ámbito de la propiedad horizontal, más amplia, desarrollada y con una finalidad protectora del interés comunitario carente en la norma del Código Civil, que acentúa aún más el valor objetivista en su interpretación. De acuerdo con esta interpretación, con independencia de que el requerimiento de cesación en la actividad prohibida, previo al ejercicio de la acción, haya de hacerse directamente al infractor que la realice y resulte conveniente comunicarla cual se ha hecho en el caso al propietario titular, ante la inactividad de éste, en la acción resolutoria del contrato deducida frente al ocupante, y de que lo pretendido en la demanda sea simplemente la cesación en la actividad no permitida, ha de entenderse correctamente constituida la relación jurídico procesal, al demandar conjuntamente a los propietarios y a los arrendatarios del local en el que se desarrolla la actividad, sin perjuicio de las acciones que pudieran ejercitar entre ellos con base en el contrato de arrendamiento…"

 

La SAP de Pontevedra de 21/02/2019 (Tol 7.111.601) analiza el supuesto de privación del uso de la vivienda al ocupante y al propietario: “… la demanda contiene una petición de privación de uso por tres años y una petición de extinción contractual con lanzamiento para la ocupante. En cuanto al propietario, es incuestionable que a pesar de su conocimiento y del prolongado tiempo que llevan realizándose las actividades molestas, su postura ha sido siempre pasiva, haciendo caso omiso de los diversos requerimientos de la Comunidad, no obstante la Sala considera que tal sanción únicamente sería factible en el supuesto de que el propietario fuese a la vez ocupante infractor, que no es el caso.

 

En cuanto a la ocupante no propietaria, a la par infractora, consideramos que debe operar la petición de extinción contractual y lanzamiento que contiene la norma, cuyo fundamento, es doble, en tanto que, por un lado, retribuye la conducta especialmente infractora al no facilitar a los vecinos una tranquila y ordenada vida en común y, por otro, evita que en el futuro vuelvan a reproducirse actuaciones como las que han sido objeto de enjuiciamiento. Para imponer tal sanción, hemos tenido en consideración la contumacia y persistencia en la infracción de Doña Amanda , en concreto de sus deberes de evitar molestias a los otros vecinos y la previsibilidad de reiteración sino se acuerda la resolución contractual, pues, tal se ha acreditado cumplidamente su comportamiento, reiterado desde el año 2015, excede de los límites que la Comunidad de Propietarios debe soportar en la convivencia que la Ley de Propiedad Horizontal impone, pues tal convivencia no puede llevar a que los restantes vecinos de la finca estén sometidos a situaciones intolerables que exceden con mucho de lo que habitualmente se califica como comportamiento cívico y educado, tampoco a situaciones que por su permanencia temporal impiden utilizar el calificativo de puntual -duración en el tiempo que provoca un continuo ataque al sosiego y legítimo disfrute que la posesión pacifica exige-, ya que en modo alguno puede ni debe imponerse a los miembros de una comunidad de propietarios que soporten situaciones graves de incomodidad y de continuos enfrentamientos con la demandada, en base a su decisión personal de vivir en compañía de un numero de animales que, no hay duda, para una vivienda en régimen de propiedad horizontal, exceden de lo razonable...”

 

¿Quién está legitimado activamente para entablar la acción de cesación?

El presidente de la comunidad de propietarios, según el art. 13.3º LPH, ostentará legalmente la representación de la comunidad, en juicio y fuera de él, en todos los asuntos que la afecten. Por ello, la legitimación activa para interponer la acción de cesación corresponde al presidente de la comunidad, tal y como también viene recogido en el art. 7º.2 LPH.

 

¿Ante qué órgano jurisdiccional se interpone la demanda en la que se ejercite la acción de cesación?

Ante el Juzgado de Primera Instancia al que competa territorialmente el municipio donde radique el inmueble constituido en comunidad de propietarios, tal y como viene establecido en los arts. 85.1º LOPJ y 52.1º.8 LEC).

 

¿Por qué tipo de procedimiento se tramita la demanda en la que se ejercita la acción de cesación?

Por el juicio ordinario, tal y como viene establecido en el art. 7.2º LPH, en relación con el art. 399 LEC.

¿Cuál será la cuantía de la demanda?

 

Este tipo de demandas son de cuantía indeterminada (art. 251.1.8º LEC).

 

¿Cómo se debe requerir al vecino molesto para que cese en su actividad?

El requerimiento debe ser practicado por el presidente de la comunidad, tal y como establece el art. 7.2º LPH. Dicho requerimiento debe ser practicado de forma fehaciente, es decir, por cualquier medio admisible en derecho que acredite su recepción por parte del infractor. En dicho requerimiento, deberá hacerse constar por qué se está actuando contra él, describiendo la conducta que motiva la queja y dándole un plazo para que cese en la realización de la actividad en concreto, advirtiéndole que, en caso que se haga caso omiso al requerimiento, se iniciarán las acciones judiciales oportunas. Si no se ha practicado este requerimiento, la acción de cesación no será admitida en juicio, tal y como ha señalado reiteradamente la jurisprudencia. Así la SAP de Pontevedra de 21-7-2016 (Tol 5.826.163) señala que "...Ciertamente el art. 7. 2 de la Ley de Propiedad Horizontal establece dos requisitos de procedibilidad para el ejercicio de la acción de cesación, sin cuya concurrencia no puede ser deducida. En primer lugar, un requerimiento de inmediata cesación de la actividad bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales hecho por el presidente de la comunidad a quien realice la actividad. Y, en segundo lugar, un acuerdo de la junta de propietarios, debidamente convocada al efecto, autorizando el ejercicio de la acción de cesación. El legislador impone así un plus para el ejercicio de esta acción dada la gravedad de las consecuencias que lleva aparejadas (privación del uso), se exige un acuerdo expreso de la junta de propietarios debidamente convocada al efecto, excluyendo de este modo la posibilidad de que un comunero actúe por sí o en representación de la comunidad..."

 

¿Qué se puede hacer ante la inactividad del presidente cuando se le requiere por algún vecino para que actúe ante un propietario u ocupante que cause molestias?

El propietario puede iniciar acción de cesación en beneficio propio ante la inactividad del presidente o de la comunidad, tal y como ha considerado el Tribunal Supremo en la STS 18-5-2016 TOL5.733.463"... Haciendo abstracción de que en tiempos pasados se discutió esta cuestión, es doctrina jurisprudencial consolidada, como complemento del ordenamiento jurídico conforme el artículo 1. 6 del Código civil , que un copropietario por sí solo puede ejercer esta acción de cesación que contempla el artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal. Ya las sentencias del 9 febrero 1991 , 28 octubre 1991 y 15 julio 1992 dijeron que cualquiera de los dueños está legitimado procesalmente para ejercitar acciones en beneficio de todos los comuneros. Esta última dice literalmente: «No es preciso que los copropietarios sometan, previamente al ejercicio de las acciones que les correspondan, la cuestión a la junta de propietarios, pues ningún precepto lo establece así y no puede imponerseles tal limitación, cuanto más cuando ningún perjuicio puede seguirse a la comunidad de que se entable un litigio en beneficio de los intereses generales de los copropietarios». Lo cual es reiterado por la sentencia de 14 octubre 2004. Asimismo , la más reciente de 30 octubre 2014 insiste en esta doctrina y dice: «En cuanto a la discusión sobre la legitimación de la demandante para sostener la acción, la Audiencia recuerda la doctrina jurisprudencial favorable a la posibilidad de que cualquier comunero pueda ejercitar acciones en beneficio común y pone de manifiesto que ningún copropietario, con la excepción de la demandada, consta que se haya opuesto a la pretension formulada por la demandante». Incluso el Tribunal Constitucional en su sentencia 115/1999 , de 14 junio, comparte esta doctrina al decir: «Cada propietario, pese a la representación orgánica que ostenta el presidente de la Comunidad de Propietarios, está legitimado para actuar en defensa de sus derechos en los casos de pasividad o incluso de oposición de la comunidad, por cuanto que la situación de propiedad horizontal no es propiamente una situación de comunidad, sino un régimen jurídico-real al que se sujeta la llamada "propiedad separada" ( art. 396 CC ) de los diferentes pisos o locales en que se divide el edificio o conjunto inmobiliario al que se aplica, y del que derivan los derechos, cargas, obligaciones y responsabilidades que la ley establece. Por ello, cada propietario debe estar facultado, en principio, para el ejercicio y defensa de sus derechos con independencia de los restantes propietarios, en términos y condiciones que no corresponde a este Tribunal precisar». La mencionada sentencia de 30 octubre de 2014 , con cita de numerosas sentencias anteriores, resume la doctrina jurisprudencial, como complemento del ordenamiento jurídico, como se ha dicho anteriormente, en estos términos: «Cualquiera de los comuneros puede comparecer en juicio y ejercitar acciones que competan a la comunidad, siempre que actúe en beneficio de la misma ( sentencias, por todas, 10 de junio de 1981 , 5 de febrero de 1983 , 18 de diciembre de 1985 , 17 de abril de 1990 , 8 de abril de 1992 y 6 de junio de 1997 ). La sentencia núm. 46/1995, de 31 enero , afirma que «es doctrina reiterada de esta Sala la de que cualquier condómino está legitimado para ejercitar acciones , no tan sólo de aquella parte del espacio comprensivo de su piso o local sobre los que ostenta un derecho singular y exclusivo, sino también en defensa del interés que le corresponde sobre los elementos comunes ( SS. 10 junio 1981 , 3 febrero 1983 , 27 abril y 23 noviembre 1984 y 12 febrero 1986 ), así como que no se da falta de legitimación cuando, aunque no se haya hecho constar en la demanda de una manera expresa que se actúa en nombre de la comunidad y en interés de la misma, se plantea una pretensión que, de prosperar, ha de redundar en provecho de la comunidad (S. 8 junio 1992)».

 

3.- El problema que aquí se presenta es si esta jurisprudencia, que es clara e incluso el Tribunal Constitucional lo deduce de la tutela judicial efectiva, es aplicable en el caso que plantea el artículo 7. 2 de la Ley de Propiedad Horizontal que contempla la actuación del presidente de la comunidad. Pero éste no lo impone como exclusivo y excluyente. Así, si el presidente o la junta de propietarios, no toma ninguna iniciativa, el propietario individual que sufre en su persona o familia las actividades ilícitas de un copropietario y tras los requerimientos oportunos (como en el caso presente) no puede quedar indefenso y privado de la defensa judicial efectiva, por lo cual tiene la acción de cesación que contempla dicha norma y ante la inactividad del presidente o de la junta (o de ambos) está legitimado para ejercer esta acción en interés propio (no en el de la comunidad) y en defensa de su derecho, que no ha ejercido la comunidad.

 

4.- En esta sentencia, como no podía ser menos, se reitera la doctrina jurisprudencial. Así, en el presente caso, en que la demandada recurrente recibió dos requerimientos para que cesara sus actividades molestas y un propietario interpuso demanda para que se ordenara judicialmente la cesación de las mismas, habiéndose declarado en la instancia realiza de las mismas, procede, conforme al artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal, mantener dichas sentencias de instancia y confirmar la recurrida de la Audiencia Provincial que, a su vez, confirmó la de primera instancia..."

 

¿Qué ocurre si la junta de propietarios decide no interponer la acción de cesación?

Ante un acuerdo de la junta de propietarios en el que se deniegue la interposición de la acción de cesación, el propietario afectado podrá impugnar dicho acuerdo, en virtud de los motivos señalados en el art. 18 LPH:

a) Por ser contrario a la ley o a los estatutos de la comunidad de propietarios.

b) Por resultar gravemente lesivo para los intereses de la propia comunidad en beneficio de uno o varios propietarios.

c) Por suponer un grave perjuicio para algún propietario que no tenga obligación jurídica de soportarlo o se hayan adoptado con abuso de derecho.

Además, siguiendo el tenor literal de la STS de 18-5-2016 TOL5.733.463, también podrá ejercitar la acción de cesación en interés propio (no en el de la comunidad) y en defensa de su derecho, por no haber ejercitado dicha acción el presidente, por acuerdo de la junta de propietarios, en beneficio de la convivencia pacífica y el interés de la propia comunidad.

¿Puede interponerse la acción de cesación cuando un propietario destine su vivienda para alquiler turístico?

El artículo 17 LPH, tras la reforma introducida por el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, contiene un apartado 12, en el que se dice que la comunidad de propietarios puede tomar el acuerdo por el que se limite o condicione el ejercicio de la actividad de cesiones temporales de viviendas para uso turístico, suponga o no modificación del título constitutivo o de los estatutos, con el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación.

Por consiguiente, si en una comunidad de propietarios se desarrolla la actividad de alquiler turístico de viviendas estando prohibida por el título constitutivo, por los estatutos o por acuerdo de la Junta de Propietarios - tomado en este último caso por el régimen de mayorías previsto en el art. 17.12º LPH -, la comunidad estará legitimada para exigir la cesación de esta actividad por el procedimiento previsto en el artículo 7.2º LPH.

 

 

 

 

 

 ¿La Sentencia de la Sala 1ª del TS de 11 de septiembre de 2019 sobre vencimiento anticipado sienta jurisprudencia de obligado cumplimiento, sobre lo que deben hacer nuestros Tribunales ante la posible nulidad de las cláusulas de vencimiento anticipado en los contratos de préstamo con garantía hipotecaria?

 

 

En el fondo, lo que ahora se establece por la Sala Primera del Tribunal Supremo, en Pleno, en su Sentencia 463/2019 de 11 de septiembre de 2019, ya había sido sentenciado en resoluciones anteriores como las sentencias 506/2008, de 4 de junio o la 792/2009, de 16 de diciembre, por lo que no puede decirse propiamente que esta nueva Sentencia establezca una variación jurisprudencial, si bien la resolución que comentamos esquematiza claramente sus argumentos, y basándose en la doctrina emanada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, formula dos consideraciones de sumo interés: Por una parte, establece que el préstamo hipotecario no puede subsistir sin la cláusula de vencimiento anticipado; por otra parte, considera que la norma supletoria que debe aplicarse es el Artículo 24 de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.

Es posible que haya quien no comparta dichos criterios, pero lo cierto es que los mismos constituyen la fundamentación jurídica -ratio decidendi- de la Sentencia, que la misma ha sido dictada por el Pleno de la Sala sin ningún voto discrepante y, por tanto, fijan la doctrina jurisprudencial y, consecuentemente, son jurisprudencia de obligado cumplimiento para todos nuestros Tribunales.

Para poder entender e interpretar la indicada Sentencia hay que tener presente el estudio pormenorizado que en ella se realiza de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que recoge de forma explícita los razonamientos formulados por el Tribunal Europeo, desde la sentencia Freiburger Kommunalbauten, del TJCE de 1 de abril de 2004 dictada en el asunto C-237/02 hasta el más reciente Autos de 3 de julio de 2019 recaídos en los asuntos C-92/16 y C-167/16 y C-486/16.

En consecuencia, el Tribunal Supremo ha realizado un ingente trabajo de análisis e interpretación de la doctrina europea, citando constantemente sus resoluciones para fundamentar sus razonamientos. Así, a lo largo de la Sentencia analizada vemos que, en un lugar u otro de la misma, se hace mención a las siguientes resoluciones de los Tribunales Europeos que hay que tener en cuenta:

Sentencia Freiburger Kommunalbauten, del TJCE de 1 de abril de 2004 dictada en el asunto C-237/02,

- Sentencia Perenicová y Perenic, del TJUE de 15 de marzo de 2012, dictada en el asunto C-453/10

Sentencia Mohamed Aziz, del TJUE de 14 de marzo de 2013, dictada en el asunto C-415/11

Auto Quintano Ujeta, del TJUE de 11 de junio de 2015, dictado en el asunto C-602/13

Sentencia Banco Primus, del TJUE de 26 de enero de 2017, dictado en el asunto C-421/14

Sentencia Escobedo Cortés, del TJUE de 7 de agosto de 2018, dictada en los asuntos acumulados C-96/16 y C-94/17

Sentencia Dunai, del TJUE de 14 de marzo de 2019, dictada en el asunto C-118/17

Sentencia Abanca, del TJUE de 26 de marzo de 2019, dictada en los asuntos acumulados C-70/17 y C-179/17

Auto Rengifo Jiménez, del TJUE de 3 de julio de 2019 recaído en el asunto C-92/16

Auto Quintano Ujeta, del TJUE de 3 de julio de 2019 recaído en el asunto C-167/16, y finalmente el

Auto Sánchez Martínez, del TJUE de 3 de julio de 2019 recaído en el asunto C-486/16

En base a todas estas resoluciones, la Sentencia analizada establece en su Fundamento Séptimo que, es evidente que en el derecho español se prevé la posibilidad del vencimiento anticipado:

SÉPTIMO. - Doctrina jurisprudencial sobre el vencimiento anticipado 1.- Decíamos en las dos sentencias antes indicadas que, en nuestro ordenamiento jurídico, el art. 1129 CC prevé expresamente la posibilidad de que el acreedor pueda reclamar la totalidad de lo adeudado, antes del vencimiento del plazo pactado, cuando el deudor «pierde» el derecho a utilizar el plazo; y el art. 1124 del mismo Código permite la resolución de las obligaciones bilaterales en caso de incumplimiento. A su vez, en el ámbito de los préstamos y créditos hipotecarios, tal posibilidad está expresamente contemplada en el art. 693.2 LEC, siempre y cuando se haya pactado expresamente. Con anterioridad a tales sentencias, la sala no había negado la validez de las cláusulas de vencimiento anticipado, siempre que estuviera claramente determinado en el contrato en qué supuestos se podría dar lugar a dicho vencimiento, sin que ello pudiera quedar al arbitrio del prestamista, en contravención de lo dispuesto en el art. 1256 CC (sentencias 506/2008, de 4 de junio; o 792/2009, de 16 de diciembre).

A continuación, recogiendo que la doctrina europea establece la posibilidad de declarar la abusividad de las cláusulas de vencimiento, sin que éstas puedan ser consideradas abusivas per se sino atendiendo a las circunstancias de cada caso teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes y servicios que sean objeto del contrato en cuestión y considerando todas las circunstancias que concurran en su celebración, estableciendo que para que una cláusula de vencimiento anticipado supere los estándares mínimos debe modular la gravedad del incumplimiento en función de la duración y cuantía del préstamo y, además, permitir al consumidor evitar su aplicación mediante una conducta diligente de reparación.

En consecuencia y por si hubiera alguna duda, queda fijado jurisprudencialmente que son abusivas todas aquellas cláusulas que no modulen la gravedad del incumplimiento en función de la duración y cuantía del préstamo, es decir, prácticamente todas las existentes en los contratos de préstamo con garantía hipotecaria suscritos en España.

Tras ello, el Tribunal Supremo analiza cuales han de ser las consecuencias de tal declaración de abusividad en estos contratos concretamente y concluye que el contrato de préstamo con garantía hipotecaria incluye dos figuras jurídicas diferentes, el préstamo (contrato) y la hipoteca (derecho real), y ambas son inescindibles y conforman una institución unitaria:

5.- Hemos declarado (sentencias del pleno de la sala 46/2019, 47/2019, 48/2019 y 49/2019, todas de 23 de enero) que, en el Derecho español, aunque en el contrato de préstamo hipotecario se incluyen dos figuras jurídicas diferentes, el préstamo (contrato) y la hipoteca (derecho real), ambas son inescindibles y conforman una institución unitaria. Puesto que como estableció la sentencia 1331/2007, de 10 de diciembre, «el crédito garantizado con hipoteca (crédito hipotecario) no es un crédito ordinario, ya que está subsumido en un derecho real de hipoteca, y por ello es tratado jurídicamente de forma distinta».

El TJUE también ha considerado el contrato de préstamo hipotecario como un solo contrato con dos facetas -préstamo y garantía- [apartados 59 y 60 de la STJUE de 26 de marzo de 2019 y los dos apartados 49 y 50 -idénticos- de los AATJUE de 3 de julio de 2019 (asuntos C-92/16, C-167/16)]. Y así se concibe, igualmente, en el art. 3.1 a) de la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial.

Sentado lo anterior, como ya expuse en esta misma Tribuna a raíz de la aparición de la Sentencia del TJUE, nuestro alto Tribunal entra a analizar la doble causa de los contratos de préstamo con garantía hipotecaria, en cuanto a causa del préstamo y causa de la hipoteca:

6.- Sobre esta base, si bien en nuestro ordenamiento jurídico la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado no comporta la desaparición completa de las facultades del acreedor hipotecario, resulta evidente que conlleva la restricción de la facultad esencial del derecho de hipoteca, que es la que atribuye al acreedor el poder de forzar la venta de la cosa hipotecada para satisfacer con su precio el importe debido (art. 1858 CC). En particular, en un contrato de préstamo hipotecario de larga duración, la garantía se desnaturaliza, pierde su sentido.

7.- En el préstamo hipotecario, la causa del préstamo y la causa de la hipoteca están entrelazadas y no pueden fragmentarse, pues atañen tanto a la obtención del préstamo por el consumidor en condiciones económicas más ventajosas, como a la garantía real que tiene el prestamista en caso de impago. En la sentencia 606/1997, de 3 de julio, establecimos que:

«En el negocio jurídico de constitución de hipoteca, la causa es la creación de un derecho real con la función de garantía de una obligación; a su vez, tal derecho real de hipoteca, ya constituido, es un derecho de carácter accesorio que sólo subsiste si hay obligación garantizada». La causa típica del contrato de hipoteca consiste esencialmente en el aseguramiento de una obligación, y no en la misma relación obligatoria asegurada, pese a que el principio de accesoriedad del gravamen conlleve que la existencia y licitud del crédito sean presupuestos indispensables para la propia validez del contrato de garantía. Es por...

 

 

 

 

 

 

El Supremo declara nulo el precepto que permitía a Hacienda denunciar por indicios delito fiscal al contribuyente después de liquidar la deuda.

 

La Sección Segunda de la Sala III del Tribunal Supremo ha declarado (STS 1246/2019, de 25 de septiembre) la nulidad el apartado 2 del artículo 197.bis del Real Decreto 1070/2017, de 29 de diciembre, que modificó el Reglamento General de gestión e inspección tributaria. La Sala considera que no cuenta con habilitación legal la posibilidad que establece dicho apartado de que la Administración tributaria comunique al juez o al fiscal la existencia de indicios de delito contra la Hacienda Pública “en cualquier momento, con independencia de que se hubiera dictado liquidación administrativa o, incluso, impuesto sanción”
 
.Para la Sala, esa previsión contenida en el artículo 197.bis “no es ya solo (…) que carezca de habilitación legal suficiente, sino que se opone de manera radical a los preceptos legales que disciplinan la forma en que debe conducirse la Administración Tributaria cuando aprecia que un contribuyente ha podido cometer un delito contra la Hacienda Pública”.“A fuerza de ser repetitivos, debemos insistir en algo obvio: la ley no contempla que se pase el tanto de culpa o que se remitan al Fiscal unas ctuaciones de comprobación después de haberse dictado una liquidación administrativa; y mucho menos después de haberse sancionado la conducta infractora tras el oportuno expediente sancionador”, agrega la sentencia.u sentencia, de la que sido ponente el magistrado Jesús Cudero, la Sala estima parcialmente un recurso de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF).
 
 La estimación es parcial porque el Supremo rechaza la impugnación que AEDAF también realizaba de otros tres artículos del Reglamento General. En concreto, el artículo 74.1.h), que incluye las multas penales entre las obligaciones tributarias que no debe tener pendiente el contribuyente al objeto de emitir el certificado de estar al corriente de las citadas obligaciones, entiende la Sala que no incurre en la infracción denunciada. Y que tampoco son nulos por falta de habilitación legal los nuevos artículos 171.3 y 184.2 del citado Reglamento General.La sentencia cuenta con dos votos particulares. El primero, suscrito por los magistrados Nicolás Maurandi y Rafael Toledano, considera que el apartado que permite a la Administración comunicar los indicios al juez o fiscal tras la liquidación o la sanción sí era conforme a derecho. Argumentan que “las reglas de persecución de los delitos contra  la Hacienda Pública fiscal no deben ser nunca inferiores a las generales que rigen en los otros delitos públicos; lo que tiene que  acarrear que el conocimiento de los indicios delictivos por la Administración tributaria en cualquier momento anterior a la prescripción del delito, exista o no liquidación ya aprobada, no releva a dicha Administración de la obligación de trasladar esos indicios al juez penal o al Ministerio Fiscal en los términos generales establecidos para cualquier delito público por la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.Por su parte, el segundo voto particular, del magistrado José Díaz Delgado, cree que la sentencia debió anular, además del apartado 2 del artículo 197.bis del Reglamento, el artículo 74.1 h relativo a las multas penales

El Registro de Impagados Judiciales (RIJ) ya tiene un millar de usuarios.

Desde la presentación del Registro de Impagados Judiciales (RIJ), el 10 de junio, este servicio ha registrado 946 solicitudes de alta en este servicio. Además, en estos cuatro meses, el RIJ  ha gestionado 5,3 millones de euros de deuda.

 

 

 

 

 

 

 

El RIJ es un fichero de morosidad, pionero en nuestro país, para recoger información y reclamar deudas líquidas, vencidas, exigibles y reconocidas mediante una resolución judicial firme aportada por abogados y abogadas previa autorización de sus clientes y en defensa de sus derechos de cobro. Se trata de un servicio que supone una novedad de carácter mundial en la lucha contra la morosidad posicionando a España a la vanguardia de la innovación y adaptación de la sociedad a las nuevas tecnologías.

Con esta nueva apuesta por los sectores fintech y legaltech, la Abogacía pone a disposición de los 150.000 abogados españoles una herramienta de trabajo de uso gratuito para la profesión (solo tendrá un pequeño coste para el cliente por el alta de la deuda si bien la consulta será totalmente gratuita), que supone una innovación revolucionaria en nuestro país que va a favorecer el derecho a la tutela judicial efectiva y a que se cumplan las sentencias firmes. Además, dotará de mayor transparencia al sistema judicial y financiero español. Todo ello cumpliendo con la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la Ley de Protección del Derecho al Honor y el Código Deontológico de la Abogacía, garantizando la seguridad jurídica.

Resoluciones judiciales como los impagos de las pensiones de alimentos, deudas entre particulares, incumplimientos en contratos de alquiler o de compraventa de mercancías, y hasta la morosidad de instituciones condenadas a pagar por sentencia firme, son objeto de este nuevo registro con validez en toda España. Además, por primera vez los abogados contarán con un registro para consultar datos sobre impago de honorarios de letrados.

 

¿Se puede pagar a plazos el Impuesto de Sucesiones? Así se financia una herencia

 

Recibir una herencia y acabar prácticamente arruinado. Esa es una situación que, aunque pareciera anómala, se repite más de lo que acostumbramos a pensar en España. El dinero caído del cielo tiene un precio y, dependiendo de la comunidad autónoma en la que nos encontremos, el Impuesto de Sucesiones se podrá elevar considerablemente.

 

Por este motivo, las administraciones suelen fijar un periodo para realizar el pago y liquidar el impuesto, que se extiende hasta los seis meses. Estos pueden prorrogarse hasta un año si se solicita previamente. Sin embargo, si esa prórroga no nos llega para pagar la factura que le debemos a Hacienda existen otras alternativas como el aplazamiento o el pago a plazos, aunque en estos casos, como en cualquier tipo de financiación, también existe letra pequeña. 

 

¿Cómo funciona el plazo para liquidar este impuesto?

Antes de solicitar la herencia conviene saber que existen algunos “trucos” que permiten pagar menos impuestos. A uno de los que nos podemos acoger para pasar casi desapercibidos ante el fisco es a la plusvalía del muerto. En estos casos, si el familiar fallecido tenía inversiones que recibimos en herencia, esta plusvalía hace que no paguemos impuestos por las ganancias acumuladas. Eso, en el caso de, por ejemplo, la herencia de fondos de inversión. Si el familiar tenía en su haber un plan de pensiones, la tributación se llevará a cabo de forma diferente, ya que no será necesario abonar Impuesto de Sucesiones porque se trata de un producto que no forma parte de la masa hereditaria. En este caso, este producto tributará en la declaración de la renta.

 

Si pese a intentar sortear el pago del impuesto de todas las formas posibles todavía tenemos que hacer frente a un importe elevado al recibir la herencia, siempre podremos solicitar un aplazamiento, que podrá extenderse hasta un año. Es decir, nos podrían dar una prórroga de seis meses si se solicita dentro de los cinco primeros meses desde que se produce el fallecimiento.

Esta solicitud puede ser presentada tanto por los herederos como por los administradores o albacea de la persona fallecida y si, en el plazo de 30 días, no se recibe ningún tipo de notificación se entenderá que la prórroga ha sido concedida. 

¿Es posible pagar a plazos?

Además de la prórroga que se puede solicitar, será posible utilizar el fraccionamiento de nuestros pagos a la hora de hacer frente al Impuesto de Sucesiones. Aunque en estos casos las comunidades autónomas serán las que establezcan las condiciones, por lo general el fraccionamiento se concede siempre y cuando la persona que haya heredado acredite que su situación económica le impide hacer frente al pago del impuesto.

Para solicitar el fraccionamiento con deudas inferiores a 30.000 euros no será necesario presentar ninguna garantía o aval. Esto será diferente si lo que se debe supera dicha cantidad. En estos casos, se exige un aval que cubra el importe de la deuda y de los intereses de demora que genere el pago a plazos, más un 25% de la suma de ambos.

No obstante, estas condiciones podrán variar dependiendo de la región. En el caso de Cantabria, por ejemplo, será necesario presentar aval para deudas superiores a los 18.000 euros. En otras regiones, como Castilla la Mancha, esta cantidad se fijará en los 6.000 euros. Además, también variará el plazo que nos ofrecen para el fraccionamiento. En la comunidad de Madrid, Canarias, Cataluña o la Comunidad Valenciana es posible fraccionar el impuesto de Sucesiones hasta en cinco anualidades; en Cantabria, el máximo a conceder es hasta cuatro años y dependerá de la cantidad que se quiera fraccionar (un año hasta 3.000 euros, dos años hasta 6.000, tres años hasta 12.000 y cuatro años para más de 12.000 euros); mientras que en Andalucía, el plazo máximo tanto para aplazamiento como fraccionamiento es de tres años.

Ahora bien, esta financiación no es gratuita, por mucho que las comunidades autónomas acepten que se fraccione el pago del impuesto. Según los últimos datos publicados por el Banco de España, el tipo de interés de demora se situó en 2018 en el 3,75%, un tipo de interés mucho más barato si lo comparamos con el que se cobraba en años anteriores: un 7% durante el año 2008. Además, estos intereses también son mucho más baratos respecto a los que se aplican si pidiéramos un préstamo personal. Y es que el tipo de interés de este tipo de créditos se situó el pasado mes de agosto en el 8,53%, también según las últimas cifras publicadas por el Banco de España.

El Constitucional avala los despidos por absentismo laboral reiterado aunque haya causas justificadas

 

El Tribunal Constitucional avala los despidos de los trabajadores por causas objetivas si hay faltas de asistencia al puesto de trabajo justificadas pero intermitentes. En una sentencia, ponencia del magistrado conservador Andrés Ollero, el tribunal de garantías desestima la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de lo Social Número 26 de Barcelona sobre la aplicación del artículo 52 d) de la Ley del Estatuto de los Trabajadores en posible colisión con tres derechos fundamentales.

En la sentencia, notificada este martes a las partes, el Alto Tribunal rechaza que dicho artículo del Estatuto de los Trabajadores vulnere el derecho a la integridad física, derecho a la protección de la salud o el derecho al trabajo que consagra la Constitución. Dicha cuestión de inconstitucionalidad fue planteada a raíz de que una empresa en su carta de despido recogiese que la trabajadora -con la que se extinguía la relación contractual- se había ausentado nueve días hábiles de los cuarenta en dos meses continuos por lo que supone que sus ausencias alcanzaban el 22,50 % de las jornadas hábiles comprendidas en dicho periodo de tiempo, superando el veinte por ciento establecido en el art. 52 d) LET para proceder al despido objetivo.

En este caso, la empresa había considerado probadas las ausencias de la empleada por lo que el juez barcelonés que planteó la cuestión de inconstitucionalidad entendió que esa regulación del despido objetivo por causa de absentismo era "susceptible de condicionar el comportamiento de los trabajadores en perjuicio de sus derechos; pues ante el temor de perder su empleo, el trabajador puede sentirse compelido a acudir a trabajar pese a encontrarse enfermo, asumiendo así un sacrificio en absoluto exigible, que incluso podría complicar la evolución de su enfermedad".

El Pleno del Constitucional, por ocho votos frente a cuatro, ha rechazado que exista vulneración de derechos fundamentales en este supuesto debido a que "la regulación contenida en el art. 52 d) de la Ley del Estatuto de los Trabajadores responde al objetivo legítimo de proteger la productividad de la empresa y la eficiencia en el trabajo, atendiendo a la singular onerosidad que las bajas intermitentes y de corta duración suponen para el empleador".

Para el tribunal el denominado absentismo laboral conlleva para "el empresario un perjuicio de sus intereses legítimos, por la menor eficiencia de la prestación laboral de los trabajadores que faltan a su puesto de trabajo de forma intermitente y con la periodicidad que el precepto legal cuestionado indica, dados los costes directos e indirectos que suponen para la empresa".

Asimismo, el Constitucional rechaza que se vulnere el derecho a la integridad física del trabajador -artículo 15 de la Constitución- porque para ello "sería necesario que se produjera una actuación de la que se derivase un riesgo o se produjese un daño a la salud del trabajador". "En definitiva, debe entenderse que el art. 52 d) LET no genera un peligro grave y cierto para la salud de los trabajadores afectados por la decisión extintiva que a su amparo pueda adoptarse por el empresario, abonando la indemnización correspondiente. La decisión de despedir a los trabajadores por superar un número de faltas de asistencia al trabajo intermitentes, justificadas o no, en un determinado período de tiempo, conforme a lo previsto en el precepto cuestionado, no comporta una actuación susceptible de afectar a la salud o recuperación del trabajador afectado, ni puede ser adoptada en caso de enfermedades graves o de larga duración, ni en los restantes supuestos excluidos por el legislador, lo que permite descartar que el art. 52 d) LET pueda reputarse contrario al artículo 15 de la Constitución española", reza la sentencia.

Además, los magistrados tampoco aprecian vulneración el derecho a la protección de la salud -que reconoce el artículo 43.1 de la Carta Magna- debido a que "no cabe entender que con esa regulación el legislador (la del Estatuto de los Trabajadores) esté desprotegiendo la salud de los trabajadores".

Igualmente, se rechaza la vulneración del derecho al trabajo (artículo 35.1 de la Constitución) ya que "si bien es cierto que el legislador ha adoptado una medida que limita el derecho al trabajo, en su vertiente de derecho a la estabilidad en el empleo, lo ha hecho con una finalidad legítima -evitar el incremento indebido de los costes que para las empresas suponen las ausencias al trabajo-, que encuentra fundamento constitucional en la libertad de empresa y la defensa de la productividad".

Además, en su sentencia, el Alto Tribunal recuerda que las faltas de asistencia al trabajo por enfermedad grave o de larga duración no son computables a los efectos previstos en el art. 52 d del citado estatuto. Tampoco lo son, aunque sean intermitentes y de corta duración, las inasistencias derivadas de accidente de trabajo, de riesgo durante el embarazo y la lactancia y de enfermedades causadas por el embarazoparto lactancia, así como las motivadas por la situación física o psicológica derivada de violencia de género.

La sentencia ha contado con los votos particulares de los magistrados Juan Antonio Xiol, Fernando Valdés, Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer, todos ellos del denominado sector progresista del tribunal.

 

El Tribunal General confirma la anulación de la marca de la Unión constituida por la forma del Cubo de Rubik.

 

A petición de Seven Towns, sociedad británica que gestiona, entre otros, los derechos de propiedad intelectual sobre el «Cubo de Rubik», la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) registró en 1999 como marca tridimensional de la Unión para «puzles tridimensionales» la siguiente forma cúbica:
 
 
 

En 2006, Simba Toys, productor de juguetes alemán, solicitó a la EUIPO que anulase la marca tridimensional alegando, concretamente, que ésta incorporaba una solución técnica consistente en su capacidad de rotación, y que dicha solución sólo podía protegerse mediante una patente, y no mediante una marca. La EUIPO desestimó su solicitud, por lo que Simba Toys interpuso ante el Tribunal General de la Unión Europea un recurso con el fin de que se anulara la resolución de la EUIPO.

El Tribunal General desestimó el recurso de Simba Toys mediante sentencia de 25 de noviembre de 2014,   al considerar que la forma cúbica controvertida no incorporaba una solución técnica que impidiera protegerla como marca. En particular, el Tribunal General declaró que la solución técnica que caracteriza al cubo de Rubik no resulta de las características de esta forma, sino más bien de un mecanismo interno invisible del cubo.

Simba Toys interpuso recurso de casación contra la sentencia del Tribunal General ante el Tribunal de Justicia, el cual, mediante su sentencia de 10 de noviembre de 2016,   anuló tanto la sentencia del Tribunal General como la resolución de la EUIPO. En dicha sentencia, el Tribunal de Justicia observó que, al examinar si procedía denegar el registro debido a que la forma cúbica controvertida incorporaba una solución técnica, la EUIPO y el Tribunal General deberían haber tenido en cuenta igualmente los elementos funcionales invisibles del producto representado mediante esa forma, como su capacidad de rotación.

A raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia, la EUIPO debía adoptar una nueva resolución tomando en consideración lo dispuesto por el Tribunal de Justicia. Mediante resolución de 19 de junio de 2017, la EUIPO declaró que la representación de la forma cúbica controvertida constaba de tres características esenciales: la forma de cubo en sí, las líneas negras y las caras cuadriculadas del cubo, y la diferencia de color de cada una de las seis caras del cubo. En este contexto, la EUIPO consideró que todas las características esenciales eran necesarias para obtener el resultado técnico consistente en hacer pivotar sobre un eje, vertical y horizontalmente, filas de cubos más pequeños de diferentes colores que forman parte de un cubo más grande hasta que los nueve cuadrados de cada cara de dicho cubo sean del mismo color. Ahora bien, dado que el Reglamento sobre la marca de la Unión   no permite registrar una forma cuyas características esenciales sean necesarias para obtener un resultado técnico, la EUIPO concluyó que la marca controvertida había sido registrada incumpliendo dicho Reglamento, por lo que anuló su registro.

 
 

Rubik’s Brand Ltd, propietario actual de la marca controvertida, impugnó esta última resolución de la EUIPO ante el Tribunal General.

Mediante su sentencia de hoy (disponible aquí), el Tribunal General comienza declarando que la resolución de la EUIPO adolece de un error de apreciación, en la medida en que la EUIPO consideró que la diferencia de color de cada una de las seis caras del cubo constituía una característica esencial de la marca controvertida. A este respecto, el Tribunal General precisa, por un lado, que Rubik’s Brand no ha afirmado en ningún momento que considerara que la eventual presencia de colores en cada una de las caras del cubo tuviera un papel importante en el registro de la marca controvertida y, por otro lado, que un simple análisis visual de la representación gráfica de esta marca no permite distinguir con suficiente precisión la existencia de un color diferente en cada una de las seis caras del cubo.

A continuación, el Tribunal General confirma la validez de la definición del resultado técnico que figura en la resolución impugnada. En este contexto, por un lado, el Tribunal General observa que la forma cúbica controvertida representa el aspecto del producto concreto para el que se solicitó el registro, en el presente asunto, el puzle tridimensional conocido como «Cubo de Rubik». Por otro lado, el Tribunal General señala que este producto es un juego cuya finalidad es reconstituir un puzle tridimensional de colores y con forma de cubo formando seis caras de diferente color y que dicha finalidad se alcanza haciendo pivotar sobre un eje, vertical y horizontalmente, filas de cubos más pequeños de diferentes colores que forman parte de un cubo más grande hasta que los nueve cuadrados de cada cara sean del mismo color.

En cuanto al análisis de la funcionalidad de las características esenciales de la marca controvertida, el Tribunal General estima, al igual que la EUIPO, que la característica esencial relativa a las líneas negras que se entrecruzan, horizontal y verticalmente, en cada una de las caras del cubo, dividiéndolas en nueve cubos pequeños y de iguales dimensiones repartidos en filas de tres por tres, es necesaria para obtener el resultado técnico perseguido.

Efectivamente, estas líneas negras representan una separación física entre los diferentes cubos pequeños, lo que permite al jugador girar cada fila de cubos pequeños de forma independiente para reagruparlos, en el color deseado, en las seis caras del cubo. Dicha separación física es necesaria para hacer pivotar, vertical y horizontalmente, gracias a un mecanismo alojado en el centro del cubo, las diversas filas de cubos pequeños. Sin esta separación física, el cubo no sería más que un bloque uniforme, sin elementos individuales que pudieran moverse de forma independiente.

En lo que respecta a la característica esencial constituida por la forma de cubo en sí, el Tribunal General declara, al igual que la EUIPO, que la forma cúbica es inherente, por un lado, a la estructura cuadriculada, formada por las líneas negras entrecruzadas en cada una de las caras del cubo y que dividen cada una de ellas en nueve cubos pequeños de iguales dimensiones repartidos en filas de tres por tres, y, por otro lado, a la función del producto controvertido concreto, que consiste en hacer pivotar horizontal y verticalmente las filas de cubos pequeños. Habida cuenta de estos elementos, el producto sólo puede tener, en efecto, forma de cubo, es decir, de hexaedro regular.

En estas circunstancias, el Tribunal General concluye que, si bien las diferencias de color de cada una de las seis caras del cubo no constituyen una característica esencial de la marca controvertida, las dos características de esta marca que han sido correctamente calificadas de esenciales por la EUIPO son necesarias para obtener el resultado perseguido por el producto, representado por la forma cúbica controvertida, de manera que esta última no debería haber podido registrarse como marca de la Unión. Por consiguiente, el Tribunal General confirma la resolución impugnada y desestima el recurso de Rubik’s Brand.

 

¿Cómo se calcula la indemnización por despido improcedente?

 

El despido es la decisión unilateral del empresario o de la empresa de extinguir el contrato con la persona trabajadora, pero no todos los despidos son iguales. Existen despidos procedentes y despidos improcedentes, cada uno de ellos conlleva una serie de requisitos legales y derechos para los trabajadores.

Se entiende por despido improcedente aquel que proviene la acción a través de la cual un empresario o empresa finaliza unilateralmente el contrato laboral, en el cual no se acreditan las causas del despido objetivo o no se cumplen los requisitos formales exigidos en la Ley o en los Convenios Colectivos. Sólo un juez podrá determinar la procedencia o improcedencia del despido.

Cuando el despido sea declarado improcedente, el empresario, en un plazo de 5 días desde la notificación de la sentencia, puede optar entre:

  1. La readmisión del trabajador o;
  2. El abono de una indemnización equivalente a 33 días de salario por año de servicio, los periodos de tiempo inferiores al año se prorratearán por meses, hasta un máximo de

Si el empresario opta por la indemnización, determinará la extinción del contrato de trabajo, que se entenderá producida en la fecha de cese efectivo en el trabajo.

Indemnización por despido improcedente de contratos celebrados antes de 2012

La indemnización por despido improcedente de los contratos formalizados antes de 12 de febrero de 2012 se calcula a razón de 45 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios anterior a dicha fecha, y a razón de 33 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios posterior. El importe de la indemnización no podrá ser superior a 720 días de salario, salvo que del cálculo de la indemnización por el periodo anterior al 12 de febrero de 2012 resultase un número de días superior, en cuyo caso se aplicará este como importe indemnizatorio máximo, sin que dicho importe pueda ser superior, en ningún caso, a 42 mensualidades.

Ejemplos de cálculo de la indemnización 

Cálculo de la indemnización contrato posterior a 2012

Inés ha prestado sus servicios para la empresa Imprentas S.L. desde el 10/05/2013, con un salario mensual que asciende a 1.500€ brutos/mes, a 10/09/2019 la despiden declarando el juez el despido como improcedente, ¿A cuánto asciende el importe de la indemnización a la que tiene derecho Inés?

Como hemos visto, para el cálculo de la indemnización por despido improcedente hay que tener en cuenta dos factores:

  1. Tiempo: antigüedad del trabajador en la empresa.
  2. Salario: La retribución del trabajador en el momento de su despido o en el supuesto de una retribución salarial variable, la media de las retribuciones de los últimos 12 meses.

En nuestro supuesto:

  1. Tiempo: Desde el 10/05/2013 al 10/09/2019: 6 años y 4 meses

33 días por 6 años = 198

33 días por 5 meses (33 x 4)/12 = 11 días

  • El total de días de indemnización son 209
  • Salario:500€/mes. El salario diario = (1500 x 12)/365 = 49,32

Indemnización por despido improcedente = Total de días de indemnización x salario diario = 209 x 49,31 = 10.305,79€

Cálculo de la indemnización contrato anterior a 2012

Ahora supongamos que Inés ha prestado sus servicios para la empresa Imprentas S.L. desde el 12/02/2011.

  1. Tiempo:
  2. Desde el 12/02/2011 al 12/02/2012: 1 año x 45 días/ año.
  3. Desde el 12/02/2011 al 10/09/2019: 8 años, 6 meses y 28 días x 33 días/año.
  4. El total de días de indemnización: 45 + 264 + 19,25 = 328,25 días

 2. Salario:500€/mes. El salario diario = (1500 x 12)/365 = 49,32

Indemnización por despido improcedente = Total de días de indemnización x salario diario = 328.25 x 49,31 = 16.186€

EL consejo General del Poder Judicial ha puesto a publicado una herramienta para facilitar el cálculo del importe de las indemnizaciones por extinción de contrato para proporcionar seguridad jurídica. Puede acceder a la herramienta desde este enlace.

Indemnización por despido improcedente en el supuesto de extinción del contrato por voluntad del trabajador

El trabajador, también tendrá derecho a indemnización por despido improcedente en los siguientes supuestos:

  1. Las modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo llevadas a cabo sin respetar lo previsto en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores y que redunden en menoscabo de la dignidad del trabajador.
  2. La falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado.
  3. Cualquier otro incumplimiento grave las obligaciones por parte del empresario, salvo los supuestos de fuerza mayor, así como la negativa del mismo a reintegrar al trabajador en sus anteriores condiciones de trabajo en los supuestos de movilidad geográfica y modificación sustancial de las condiciones de trabajo , cuando una sentencia judicial haya declarado los mismos injustificados.